Un Poder Judicial avasallado

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La frase más repetida por los abogados es la menos cierta. “La ley es clarísima”, suelen argumentar a su favor tanto el fiscal como el defensor en un mismo litigio, o juristas que descifran desde polos opuestos un ordenamiento legal. Pero la ley no es “clarísima”. Si lo fuera, si tuviera precisión matemática, no se necesitarían jueces; bastaría un algoritmo para dirimir las controversias. En su letra misma -ya no se diga en su espíritu- convergen entrelineados que la vuelven susceptible de interpretaciones. Si bien hay legalidades e ilegalidades inequívocas, en la mayoría de los casos hay un margen de discrecionalidad que se nutre de posturas ideológicas y contextos socioeconómicos. La proclama de que los tribunales se ciñen invariable y exclusivamente a la ley y jamás toman en cuenta factores extralegales es simplista o demagógica.

Pero entre el juez que enriquece el derecho con interdisciplinariedad y el que se enriquece a sí mismo media un abismo. Una cosa es entender que un fallo puede provocar un estallido social o una debacle económica y buscar en la norma y en la jurisprudencia el sustento legal de una sentencia justa y prudente; muy otra es torcer el orden jurídico movido por soborno o por consigna política. La corrupción se entroniza en nuestro Poder Judicial mediante una endogamia parapetada en una falsa autonomía, una que no se ejerce ante los gobernantes sino ante los ciudadanos. Y un ejemplo de ello se está dando en el Tribunal Electoral federal (TEPJF).

Si bien he conocido juzgadores honestos e independientes, es público y notorio que demasiados jueces, magistrados y ministros han sido asaz dóciles frente a los poderosos. Y tal vez el órgano más desprestigiado por su subordinación al Ejecutivo o a personeros de los partidos sea el TEPJF, que al tener la última palabra en torno a las elecciones se volvió, desde su nacimiento, objeto del deseo corruptor. La crisis que vive es la culminación de un largo proceso de descomposición: primero lo tripuló el gobierno en turno, luego los mandarines del Congreso y finalmente todos y nadie. Con honrosas excepciones entre sus integrantes, la institución clave de la democracia mexicana se fue pudriendo hasta sumirse en el caos que hoy tiene en vilo varios procesos electorales.

¿Quién ha de depurar al TEPJF y al resto de la esfera judicial? No debe ser el Ejecutivo, porque acabaría sometiéndolo por completo, ni un autócrata interno que haga vertical un poder necesariamente horizontal. La extrapolación a la Suprema Corte del presidencialismo autoritario es una pésima idea; su ministro presidente, por lo demás, dista mucho de ser redentor de su gremio: complacedor complacido, regateó hasta que se quedó sin apoyo de sus pares su declinación del regalo que a guisa de quid pro quo recibió de Palacio Nacional para extender inconstitucionalmente su Presidencia. Quizá la solución sea un Consejo de la Judicatura verdaderamente autónomo -¿cómo blindarlo?-, que no sea encabezado por el presidente de la Corte y que tenga participación de la sociedad civil. Lo cierto, lo triste, es que nuestra transición democrática está detenida desde hace años, atrapada entre un Poder Ejecutivo avasallante y un Poder Judicial avasallado.

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