Durante la madrugada del miércoles 22 de abril, finalmente el Senado aprobó la reforma constitucional por la que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción al que ya nos hemos referido en otras ocasiones.
Las reacciones han sido diversas pues mientras que algunos políticos han echado las campanas al vuelo atribuyéndole a esta reforma todas las virtudes, en muchos sectores ha prevalecido una posición moderada o incluso escéptica pues recordemos que no es la primera vez que se anuncia que “ahora sí va en serio el combate a la corrupción”, y un ejemplo de ello es la fallida renovación moral de Miguel de la Madrid.
Tratando de hacer un análisis objetivo, me parece que aunque con insuficiencias claras como en lo que se refiere a las responsabilidades a las que puede ser sujeto el presidente de la República, el Sistema Nacional Anticorrupción constituye un avance importante y sin duda es mucho mejor que la propuesta presentada por el PRI poco antes de que iniciara la administración de Peña Nieto, pero el camino para su implementación y por tanto para que contemos con elementos de valoración es aún muy largo.
Para empezar, todavía falta la aprobación de 16 congresos locales y no perdamos de vista que la posición de muchos gobernadores ha sido contraria a que se otorguen nuevas facultades a la Auditoría Superior de la Federación para revisar la aplicación de las participaciones federales y de las deudas estatales que se encuentren garantizadas por la Federación, aunque se supone que existe el compromiso de apoyarla.
Después de ello se entraría a una etapa decisoria, ya que en la discusión de la legislación secundaria se pueden consolidar los avances -como en el venturoso caso de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, o diluirse como ha sucedido en tantas ocasiones.
En este sentido, conforme al régimen transitorio el Congreso tendrá un año para emitir las leyes generales que establezcan las bases de coordinación del Sistema, para distribuir competencias en materia de responsabilidades administrativas, la ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa así como las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Por último, tanto el Congreso Federal como las legislaturas locales contarán con otros 180 días para emitir las leyes y realizar las adecuaciones que correspondan.
Como se puede observar, habrá de transcurrir cuando menos un año y medio a partir de su publicación en el Diario Oficial para que concluya la fase legislativa y podamos evaluar los verdaderos alcances de este nuevo modelo para enfrentar la corrupción en el país.
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