Hoy, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CDMX cuenta con nuevas y ampliadas instalaciones, oficinas y salas de juicios orales.
Con bombo y platillo entró en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal a nivel nacional y en la Ciudad de México.
Justicia expedita, juicios orales, presunción de inocencia y justicia alternativa se convirtieron en conceptos que han sido los nuevos distintivos que enmarcan un largo proceso derivado de una importante reforma constitucional de 2008.
Un nuevo esquema que implica una justicia eficaz y eficiente para los ciudadanos, pero que en el subconsciente se queda como un modelo etéreo para quienes no alcanzan aún a distinguir cuál es el beneficio palpable.
El Gobierno de la Ciudad de México ha invertido ya tres mil millones de pesos en este proceso de actualización de un sistema rígido, viejo e imperfecto.
Hoy, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CDMX cuenta con nuevas y ampliadas instalaciones, oficinas y salas para juicios orales.
Todo en pro del fortalecimiento de la procuración y administración de la justicia.
Desde la administración capitalina dicen que la inversión aplicada y el trabajo realizado equivaldrían a haber implementado la justicia oral en 13 entidades del país.
Pese a todo este trabajo previo de preparación, de capacitación, de adecuación de instalaciones y de combate a la corrupción, este esfuerzo no es suficiente.
En el TSJ no hay dinero que alcance —nunca les ha alcanzado— ni instalaciones suficientes.
Los jueces no han terminado de comprender el alcance de la reforma, los magistrados no se han actualizado en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y las instalaciones no han terminado de ser adecuadas.
Tres mil millones de pesos y el sistema de justicia de la Ciudad de México aún no termina de prepararse para la transición.
Tres mil millones de pesos y los delincuentes saldrán a la calle. Tres mil millones de pesos y el Poder Judicial sigue pidiendo más recursos.
Si hoy los ciudadanos piden cuentas al Ejecutivo y al Judicial sobre los plazos para la correcta implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal no los van a encontrar.
¿Cuáles son las metas? ¿Cuál es el plan de trabajo?
La correcta aplicación de un nuevo procedimiento dentro de la administración pública requiere la adecuada capacitación de los servidores públicos encargados de su implementación.
Pero hoy el propio titular del Poder Judicial es el primero en reconocer la resistencia de los jueces y magistrados a cambiar su forma conceptual de justicia en un nuevo modelo de beneficio social.
La responsabilidad de que la Ciudad de México no cuente con un sistema judicial listo para la nueva modalidad es por falta del presupuesto que no le fue asignado por el Legislativo.
No asumen ellos su responsabilidad. Desde su perspectiva, sus procesos amañados y salas corruptas no tienen nada que ver.
Tan así, que se estima que tome más de una década terminar con el viejo esquema de justicia para la implementación de este nuevo modelo que fue lanzado ayer.
El Nuevo Sistema de Justicia Penal es una realidad, es resultado de un complejo proceso de maduración de nuestra democracia, pero que a un régimen negado a la modernización y eliminación de la corrupción le representa más un peso, un lastre, que una profesionalización.
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