El día de ayer se venció el plazo para que el Congreso aprobara la nueva Ley General de Transparencia y la reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Durante los días previos a la fecha límite, algunas organizaciones de la sociedad civil (OSC) como México Infórmate y Artículo 19 han expresado con razón su preocupación tanto por el incumplimiento de la aprobación de la ley y de la reforma en los tiempos establecidos, como por varias modificaciones al texto original de la iniciativa de Ley General de Transparencia que están siendo impulsadas por el gobierno federal. La mayoría de esas modificaciones son opuestas al consenso que hay entre expertos, activistas, órganos garantes y, por supuesto, los legisladores que presentamos la iniciativa, sobre cómo ampliar y garantizar el derecho de acceso a la información pública y harían imposible que el espíritu que animó la reforma constitucional de la que emana la ley se materialice.
En el PAN siempre hemos reconocido y valorado el trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil a favor de la agenda de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Gracias a su profesionalismo y compromiso dicha agenda va avanzando a buen ritmo en nuestro país por lo que el año pasado el grupo plural de senadores que presentaríamos la iniciativa de la Ley General de Transparencia, en un ejercicio inédito, los invitamos a redactar junto con nosotros la iniciativa.
El proceso en sí mismo valió la pena porque sentó un precedente de inclusión de actores interesados a parte del proceso legislativo y ha sido considerado como un ejemplo de parlamento abierto. El resultado fue aun mejor porque derivó, como ha sido reconocido por muchos, en una iniciativa que establece estándares para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de primer nivel. Las OSC pudieron incluir en la iniciativa la respuesta a demandas históricas como los formatos de datos abiertos; el derecho del peticionario a inconformarse en caso de que la calidad de la información recibida no sea satisfactoria; la exigencia de la entrega de la información a los sujetos obligados por parte de los órganos garantes; y establecer el deber de los sujetos obligados a la realización de la prueba de daño y de interés público para determinar si alguna información debe ser reservada, entre otros.
Sin embargo, durante los últimos días algunas OSC han acusado al Senado de “traición” y de “negociar en lo oscurito”, además de afirmar que se ha “cambiado de última hora el dictamen” lo cual ha generado desinformación y alarma entre quienes siguen el proceso de aprobación de la ley y el público en general, por lo que creo que vale la pena hacer varias precisiones.
La primera es que no se ha dejado de trabajar en la construcción de lo que será el dictamen que presenten las comisiones. Dicho dictamen está avanzado en 90%, lo cual no quiere decir que necesariamente tengamos el mismo porcentaje de acuerdo sino que ya está resuelto tanto lo que genera consenso entre todos los grupos parlamentarios, como lo que no. Esto último se resolverá en comisiones y en el pleno vía votación. Los temas que quedan por resolverse son los más complejos por lo que ha sido necesario hacer consultas y un estudio a profundidad, lo cual estamos haciendo. Esa ha sido la principal razón del retraso en la aprobación de la ley.
Como se deduce de lo anterior, no existe un dictamen aún al cual se le hayan hecho cambios de último momento y al que se le hayan incluido disposiciones regresivas. El PAN está comprometido con la iniciativa presentada e incluso ha hecho propias las preocupaciones de las OSC y del IFAI en temas como el no establecer como causa de reserva de la información la estabilidad económica dado que es un concepto tan general que podría aplicarse a un sinnúmero de cosas o la imposición de sanciones a servidores de organismos garantes por revelar información que pudiera generar daños a los sujetos obligados.
Por otro lado, no acompañaremos las propuestas impulsadas por el gobierno federal que van en detrimento del derecho de acceso a la información como no establecer la obligación de transparentar el listado de personas que han recibido cancelaciones y condonaciones en materia tributaria; no facultar a los órganos garantes para imponer medidas de apremio a fondos y fideicomisos públicos a fin de asegurar el cumplimiento de sus resoluciones; o no facultar al IFAI y a los demás órganos garantes para imponer sanciones a los sujetos obligados a dar información pública por no hacerlo, sólo por mencionar algunas.
El Congreso es el espacio institucional en el que se discuten y votan las leyes y quienes creemos en la transparencia queremos que cada vez se abra más a la inclusion y participación ciudadana, pero expresiones como las de esta semana sólo fortalecen los argumentos de quienes piensan que éste debe ser un espacio exclusivo para los legisladores. Mejor sigamos construyendo juntos.
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