Transparencia, asignatura pendiente

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La investigación con perspectiva de género y la transparencia de las sentencias judiciales son ejes fundamentales para caminar hacia un México sin impunidad, porque de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2021, nuestro país se ubica en el sexto lugar de los países peor evaluados en materia de impunidad y justicia de América Latina.

El sistema de justicia les sigue fallando a las mujeres; desde el 13 de agosto pasado todas las sentencias son trascendentes y de interés público, sin embargo, la transparencia sigue siendo una asignatura pendiente, todavía no se aplica una real y efectiva publicidad de las audiencias penales, lo que ha propiciado y detonado que aquéllos delitos graves que son de interés público, como los feminicidios y otras violencias contra las mujeres, se perpetúen en la opacidad, la ineficacia y la negligencia.

Resulta de suma importancia que la ciudadanía conozca las sentencias judiciales porque son el resultado del trabajo de los jueces; es a través del análisis de éstas que se podrá conocer si el juez fue congruente en los criterios aplicados; si en la resolución aplicó un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, derivó de prejuicios, o bien, denota actitudes de discriminación.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020, (Envipe), el 43.1 por ciento de los mexicanos declaró confiar poco o nada en los jueces y 70.1 por ciento los consideró corruptos.

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La mayoría de los delitos no se denuncian, la Envipe 2021, arrojó que la cifra negra creció, en 2020 un 93.3 por ciento del total de los delitos no se denunció; en 2019 era del 92.4 por ciento. En el caso de las mujeres víctimas de algún tipo de violencia, sólo el cinco por ciento denuncian.

De los pocos delitos que se denuncian, sólo una minoría se judicializa, sin que esto garantice llegar a obtener una sentencia, evidencia de ello es que del total de las carpetas de investigación iniciadas por el Ministerio Público en el 48.4 por ciento de los casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia.

El bajo nivel de la denuncia obedece a razones como la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones de procuración e impartición de justicia, debido a la discriminación que reproducen los sistemas de justicia.

A lo largo de dos décadas hemos conocido un infinidad de casos de feminicidios en los que en primera instancia se cerraron como presunto “suicidio”. Casos emblemáticos de cómo la justicia le ha fallado a las mujeres es el feminicidio de Mariana Lima, que pese a que mostraba huellas de golpes en el cuerpo y estrangulamiento, el ministerio público concluyó rápido que se había “suicidado”.

Pero la señora Irinea Buendía, conociendo el maltrato físico y psicológico que sufría su hija desde que se casó con el entonces policía judicial Julio César Hernández Ballinas, luchó por recurrir el fallo judicial que apuntó al suicidio, y logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una decisión histórica, además de fallar a favor de reabrir la investigación del caso, se elaboró un decálogo sobre cómo se debe abrir una carpeta cuando se trate de la muerte violenta de una mujer.

En 2016 se reabrió el caso, el feminicida ya se encuentra en prisión desde hace casi seis años, desde donde cada día va ganando los recursos legales y una vez más, el pasado 3 de febrero, se pospuso la audiencia. Genera dolor y frustración, que pese a ser un referente en la lucha contra los feminicidios, el crimen de Mariana Lima sigue estancado, a más de una década no se ha dictado una sentencia. Por ello, es impostergable el acceso a la información de las sentencias judiciales y la aplicación de la perspectiva de género e interseccional para garantizar que las niñas, adolescentes y mujeres tengan un acceso real a la justicia, para que no se sigan repitiendo más casos como el de Mariana.


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