El poder y la ley en la 4T

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No es anomalía, es tendencia. Si la ley no se ajusta a la voluntad presidencial, peor para la ley. Con tal de lograr sus objetivos el poderoso se permite todo y la legalidad no es obstáculo. Se apela a una razón moral para justificar la arbitrariedad, dándose licencia para violar normas y someter instituciones.

El albazo del Senado para prolongar el mandato del ministro Arturo Zaldívar al frente de la Corte fue defendido por el titular del Ejecutivo, afirmando que le tiene confianza porque es honesto y su permanencia en el cargo garantiza la implementación de la reforma de justicia. La inconstitucionalidad de tal decisión le parece irrelevante o, en el peor de los casos, superable con su fuerza factual.

El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que “la ley es para el hombre y no el hombre para la ley” y que “si se debe optar entre la justicia y la legalidad” hay que hacerlo por la primera. Las leyes deben adaptarse a su criterio porque solo él sabe lo que es justo, aunque no sea legal. Más allá de la retórica justiciera, se hace lo que le conviene a su proyecto político, sin reparar en límites formales.

Con las peores prácticas parlamentarias, se introdujo un infame transitorio a la ley secundaria que no se discutió en comisiones ni fue publicado antes de la sesión. Raúl Baños, senador del paraestatal Partido Verde, propuso la reserva que alarga los periodos de Zaldívar y de los consejeros de la judicatura que fueron nombrados por la misma mayoría que la aprobó de manera automática, no obstante contravenir el artículo 97 de la Constitución, que establece la duración de cuatro años sin posibilidad de reelegirse.

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No sólo se atenta contra la supremacía constitucional, también se legisló con dedicatoria, beneficiando a personas en específico. Las leyes privativas, como se les conoce, son paradigmáticas del ejercicio faccioso del poder y violan principios generales del derecho, establecidos para evitar que el Estado subordine el interés público al particular.

Y tan preocupante como la violación descarada de la Constitución para beneficiar servidores públicos en funciones, es la intervención ilegítima de otro poder en el Poder Judicial, poniendo en entredicho su independencia. Por eso no extraña el rechazo casi unánime por parte de juristas, intelectuales, asociaciones de abogados, colectivos de la sociedad civil y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch. No es para menos, aquí se juega la democracia, las libertades y el Estado de derecho.

La ley limita el ejercicio de poder y, por lo mismo, es salvaguarda contra el despotismo. Si el gobernante se abroga la facultad de decidir cuándo cumplirla y cuándo violarla, los ciudadanos quedan en la zozobra, expuestos al abuso. Con controles constitucionales atrofiados no hay certeza jurídica.

No es asunto meramente teórico, hemos visto afectar inversiones con contratos ya firmados, pasar por encima de acuerdos internacionales y tratados comerciales, encarcelar personas por motivos políticos, aunque los delitos no ameriten prisión oficiosa, atentar contra la gobernabilidad al intervenir en las elecciones, capturar órganos autónomos con personas sin conocimientos técnicos mínimos, etc.

Y tenemos un precedente por demás pernicioso. Con la llamada #LeyDeCuates que, por presiones políticas, no alcanzó los ocho votos en el pleno de la Corte para que la declararan inconstitucional, se extendió el periodo de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ya habían sido nombrados. El sometimiento de esa institución se hizo evidente desde que archivaron el caso del fideicomiso que supuestamente beneficiaría a damnificados de los sismos de 2017, a pesar de que Morena no pudo acreditar origen ni destino de los fondos que miembros de ese partido retiraron en efectivo durante la campaña electoral.

Hemos visto un Poder Judicial ambivalente ante la constante presión del Ejecutivo, en ocasiones se pliega y en otras resiste. Si ese valladar cae frente a las facultades metaconstitucionales del presidencialismo autoritario, se despejaría el camino hacia la dictadura que supongo imperfecta porque este gobierno no hace nada bien.


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