Telecom: ¿cumplir la Constitución?

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Se cumplieron 98 años de haberse promulgado la Constitución y hay intentos por incumplirla con el apagón analógico, la red mayorista inalámbrica en la banda de 700 MHz y la licitación de dos nuevas cadenas nacionales de televisión.

Bajo la consigna de "la ley posible" y de "no moverle ni una coma" a la reforma constitucional, estamos por transitar del populismo de izquierda (que colocó al Estado como operador de redes y proveedor de televisores digitales) al populismo de derecha que aboga por una contrarreforma que licite el espectro al mejor postor, simule competencia en TV abierta y otorgue los beneficios de la regulación a unas empresas y no a los usuarios.

El reciente anuncio de recorte en el gasto público, que dejaría a 3.8 millones de hogares de escasos recursos sin TV digital, quiere aprovecharse para que el apagón ocurra después del 31 de diciembre de 2015. Esta incertidumbre en la penetración de TV digital ya motivó que Grupo Tepeyac, uno de los tres postores, se retirara del proceso, dejando sin competencia real dicha licitación, porque se limitó la inversión extranjera directa en radiodifusión a 49 por ciento con reciprocidad.

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Asimismo, la disminución de los ingresos provenientes del petróleo, la cancelación del tren rápido México-Querétaro y los escándalos por conflictos de interés sugieren que también debería cancelarse el proyecto de instalación de la red mayorista en la banda de 700 MHz.

La invitación es a incumplir la Carta Magna en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, los acuerdos y las reglas del juego en beneficio de las empresas y en detrimento de los usuarios, el derecho a las TIC y el servicio público.

Si ya se han detectado los yerros de la reforma, habría que quitar la preponderancia o definirla por sector y no por servicio, fortalecer la autonomía constitucional y regulatoria del IFT en la administración del espectro, permitir la inversión extranjera al 100 por ciento en radiodifusión y subrayar la gratuidad de las señales de TV abierta, entre otros temas.

La persistente presión mediática sobre la revocación de la concesión Dish-Telmex, la cancelación de la red inalámbrica y el amago de posponer el apagón analógico ejemplifican cómo se abusó de la ignorancia de los legisladores para regular en beneficio de un grupo económico, el mismo que ahora busca ventajas en periodo electoral al suspender la entrega de televisores, retrasando la penetración digital y, con ello, la competencia en TV abierta, cuyos dos únicos postores dependen de la transición a la TDT.

En 2013 y 2014, el cabildeo eficaz logró el olvido inmediato de 60 millones de desconectados móviles y de áreas rurales; en 2015 se pretende lo mismo al descarrilar el apagón analógico.

Si la reflexión "efectiva" de las telecomunicaciones sólo fuera jurídica, como se pretende al reformar y sobrerregular el sector, estaríamos en un mundo de autismo legal.

Ninguna autoridad ni analista serios pueden proponer la destrucción del sector desde su materia, así sea la jurídica, cuando estamos en un país de desigualdades y atraso digital. Les debemos a los más necesitados una regulación que abata la brecha digital, incorpore a los marginados a la promesa de las TIC y abandone el populismo que ya benefició sólo a las empresas.

La obsesión por la revocación de concesiones, los obstáculos políticos al apagón analógico, el sendero de minas para la instalación de la red mayorista y lo descafeinado de la licitación de TV abierta confiesan mediocridad intelectual y apuesta a la coacción del IFT y su labor colegiada.

Nunca me gustó el modelo emanado de la reforma ni la ley secundaria, pero el momento procesal oportuno para debatir y discutir ya pasó y quedó plasmado en la Constitución. Ahora, el Gobierno federal debe dar vida y ejecutar ese proyecto. Hay que exigir transparencia en la asignación de recursos, procesos de licitación, modelo de negocio de la banda de 700 MHz, adjudicación y en los indicadores de gestión.

Es curioso constatar que quienes persiguen la destrucción de la relación Dish-Telmex también dinamitan el apagón analógico, la transición a la TDT, la licitación para TV abierta y la red inalámbrica para quedarse con la banda de 700 MHz. Incapaces para construir una sociedad digital para el desarrollo de México, proponen la destrucción y el establecimiento de una oligarquía digital.


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