La palabra soberanía se ha convertido en el escudo retórico favorito de la presidenta Claudia Sheinbaum para responder a las investigaciones que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto contra varios gobernadores de Morena. «México no admite la injerencia en asuntos internos», repite el discurso oficial desde el Monumento a la Revolución hasta las asambleas de base. El argumento tiene una tradición histórica sólida y una legitimidad indiscutible en abstracto. El problema es lo que sucede cuando ese principio se contrasta con la realidad del territorio mexicano en 2026.
La soberanía, en términos concretos, no es un discurso. Es territorio bajo control efectivo del Estado, instituciones que funcionan y ciudadanos protegidos. Bajo esa definición —la que usan la teoría política y el derecho internacional, no la retórica de campaña—, amplias zonas de México no son soberanas. Son feudos.
El 22 de febrero de 2026 quedará registrado como la demostración de que el crimen organizado ha completado su metamorfosis: pasó de operar en las sombras a exhibir la capacidad de sitiar al Estado con narcobloqueos, quema de bancos y comercios, y parálisis casi total de la vida pública en amplias zonas del país en cuestión de minutos. En ese mismo contexto, los cárteles han consolidado retenes y cobro de piso como modelo de dominación territorial: puntos de control que permiten vigilar entradas y salidas, identificar rutinas locales y medir las reacciones de la autoridad, funcionando como nodos de inteligencia que sostienen la capacidad criminal para conservar zonas aun cuando hay presencia federal.
Desde el enfoque del Estado y el monopolio legítimo de la fuerza, la presencia de actores armados no estatales que disputan territorios cuestiona la capacidad estatal para ejercer plena soberanía. No lo dice la oposición ni Washington; lo señalan analistas y centros académicos mexicanos.
El debate tiene entonces dos frentes simultáneos, y la trampa política consiste en presentarlos como excluyentes. El primero es real: Estados Unidos tiene una larga historia de instrumentalizar sus mecanismos judiciales con fines geopolíticos, y las acusaciones contra gobernadores en funciones —sin extradición ejecutada ni juicio concluido— merecen ser examinadas con rigor, no aceptadas como verdad absoluta. La soberanía jurídica de México ante la presión de Washington es un valor que vale la pena defender.
Pero el segundo frente es igualmente real y más urgente: México no opera ya como país de tránsito —esa narrativa ya caducó—, sino como plataforma industrial de producción de fentanilo y metanfetaminas, como territorio con control estatal parcial y como espacio donde organizaciones criminales operan con capacidad cuasimilitar. Invocar la soberanía frente a Washington mientras se toleran o se omiten esas condiciones internas no es una política de Estado; es una contradicción que la ciudadanía percibe con claridad.
«No podemos pensar en un país soberano cuando hay territorios en donde el crimen organizado manda. No podemos argumentar que hay soberanía cuando los jóvenes no pueden salir y regresar a su casa, cuando la cifra de desaparecidos está creciendo de manera brutal», advirtió recientemente la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. La frase, pronunciada desde la oposición, recoge sin embargo una inquietud que trasciende las fronteras partidistas.
La soberanía se pierde también cuando los cárteles cobran derecho de piso, expulsan familias de sus comunidades, controlan territorios completos y deciden quién puede hacer campaña, abrir un negocio o simplemente seguir viviendo en su propia tierra. Pedirle a la ciudadanía que confunda la defensa de México con la defensa de un presunto narcopolítico es un ejercicio de malabarismo semántico que erosiona la credibilidad del discurso soberanista.
La pregunta incómoda que el gobierno evita responder es estructural: si varios gobernadores del partido en el poder son señalados de facilitar el tráfico de drogas y la manipulación electoral en beneficio de organizaciones criminales, ¿quién gobierna realmente esos estados? La soberanía popular —el fundamento de toda democracia— presupone que el voto decide quién manda. Cuando el voto mismo es intervenido por el narco, la soberanía es una ficción.
La soberanía no es un discurso para el informe de gobierno. Es territorio bajo control del Estado. Es institución que funciona. Es ciudadano protegido. Mientras eso no ocurra en porciones significativas del país, el debate seguirá siendo uno: quién pierde la soberanía de México, ¿Estados Unidos o el crimen organizado que opera desde adentro?
