El Senado de la República, con mayoría de Morena, intensificó esta semana su embate contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. Tras su negativa a comparecer ante comisiones para explicar la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo contra un narcolaboratorio, legisladores oficialistas hablaron de “crisis institucional”, evaluaron acciones legales e incluso insinuaron juicio político. La gobernadora argumentó que su asistencia podría comprometer información confidencial y una investigación en curso. La oposición, principalmente el PAN, defendió la acción como parte del combate al crimen y acusó al Senado de actuar con fines electorales.
Este episodio genera polémica profunda. Por un lado, críticos del oficialismo ven en la convocatoria un acto de selectividad indignante. Mientras se concentra fuego político contra Chihuahua —entidad gobernada por la oposición—, el Senado ha mostrado escasa o nula iniciativa similar frente a estados donde el crimen organizado ejerce control territorial significativo, como Michoacán, Guerrero, Colima o zonas de Sinaloa y Zacatecas. En estas regiones, reportes frecuentes documentan presencia dominante de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación o facciones del Cártel de Sinaloa, con altos índices de violencia, extorsión y desapariciones que afectan diariamente a la población.
Defensores de la acción senatorial sostienen que el caso de Chihuahua reviste gravedad por implicar soberanía nacional: agentes extranjeros habrían operado con uniformes locales, lo que plantearía violaciones constitucionales y riesgos de injerencia externa. Argumentan que cualquier colaboración internacional en materia de seguridad debe someterse a escrutinio estricto para preservar la responsabilidad del Estado mexicano.
Sin embargo, opositores y analistas independientes cuestionan la coherencia. ¿Por qué el Senado no activa mecanismos equivalentes cuando autoridades locales en entidades con fuerte influencia criminal enfrentan señalamientos o cuando operativos fallidos dejan saldo de víctimas civiles? La percepción de un doble rasero alimenta la indignación: se castiga con rigor un operativo que desmanteló infraestructura narco en Chihuahua, mientras en otros territorios el control de plazas por grupos criminales parece tolerado o, al menos, no genera el mismo activismo legislativo.
La lógica electoral resulta evidente para muchos observadores. Con procesos locales en puerta y tensiones federales, focalizar la atención en una gobernadora opositora permite al oficialismo proyectar firmeza en defensa de la soberanía y distraer de los desafíos estructurales de seguridad que persisten tras años de gobierno morenista. La oposición replica que combatir al narco con inteligencia compartida no equivale a traición, y que la verdadera cesión de territorio ocurre donde el Estado abdica su presencia.
Este contraste selectivo erosiona la credibilidad institucional. Los ciudadanos observan con escepticismo cómo el Senado prioriza un caso mediático sobre la gobernadora de Chihuahua mientras miles de familias en regiones dominadas por el crimen viven bajo constante amenaza. La responsabilidad de los legisladores exige uniformidad: si se investiga en un estado, la lógica obliga a examinar con igual rigor aquellos donde el control criminal es más profundo y letal.
El debate trasciende a Maru Campos. Expone la fragilidad del federalismo cuando las mayorías legislativas convierten la fiscalización en herramienta política. En un país donde la violencia del crimen organizado cobra miles de vidas al año, la selectividad no solo genera indignación, sino que debilita la lucha integral contra un problema que no respeta colores partidistas ni fronteras estatales. El manejo de este caso definirá si el Senado actúa como contrapeso responsable o como instrumento de confrontación electoral.
