En las próximas semanas el Senado de la República analizará y votará la minuta de reformas constitucionales en materia de anticorrupción enviada por la Cámara de Diputados en febrero de este año. Se trata de un asunto de máxima prioridad, pues según cálculos de diversas instituciones el costo para México y los bolsillos de los ciudadanos es enorme.
En 2014, por ejemplo, el Semáforo Económico Nacional del Observatorio México ¿Cómo Vamos? calculó que la corrupción en México generó una pérdida de 2 mil millones de pesos en inversión privada y mil millones más por inversión extranjera directa. El Consejo Coordinador Empresarial estima que los costos de la corrupción equivalen a 1% del Producto Interno Bruto y el Foro Económico Mundial (FEM) que el costo anual de la corrupción es el doble de las ganancias que obtiene el crimen organizado, y superior a los dividendos que el país capta anualmente por extracción de petróleo crudo y gas cada año. FEM apunta también que las empresas erogan hasta 10% de sus ingresos en sobornos, y que un incremento de 10% en la percepción de corrupción genera una pérdida de 22 mil millones de dólares (341 mil millones de pesos)
La apreciación de los ciudadanos también da cuenta de la corrupción en nuestro país. El Índice de Corrupción y Buen Gobierno, de Transparencia Internacional, mide la percepción de jefes de hogar sobre servicios públicos ofrecidos por los tres niveles de Gobierno. Utiliza una escala de cero (altos niveles de corrupción) a 100 (bajos niveles de corrupción).
Según Transparencia Internacional en 2014 México se ubicó en el lugar 103 de 175 países. Nuestro país se encuentra por debajo de sus principales socios y competidores económicos: 82 posiciones por debajo de Chile, 34 lugares por debajo de Brasil, y en la última posición entre los países de la OCDE.
Lo cierto es que México exige un ataque frontal a la corrupción y la impunidad. Es prioridad ara los legisladores panistas: propusimos un Sistema Nacional Anticorrupción.
A grandes rasgos, que exploraré en siguientes colaboraciones, la minuta señala que el Sistema coordinará la prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción a través de un Comité integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la secretaría responsable del control interno del Poder Ejecutivo; el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y un representante del Consejo de la Judicatura Federal.
También crea un Comité de Participación Ciudadana, con cinco personas de prestigio por sus contribuciones a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
El nombramiento de los titulares de los órganos internos de control ya no dependerá de los titulares de las dependencias, sino de la Cámara de Diputados; los órganos de control tendrán mayores facultades de revisión; los servidores públicos de todos los Poderes y niveles de gobierno presentarán declaraciones patrimoniales (aunque no se les obliga a hacerla públicas); y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sancionará a servidores públicos y particulares que cometan actos de corrupción y establece las sanciones respectivas.
Promoveremos la aprobación de las reformas constitucionales en los estados de la República, pues el esfuerzo debe ser nacional y de todos los funcionarios, incluyendo a los gobernadores.
Celebro que la minuta faculte a la Auditoría Superior de la Federación para revisar las cuentas del año fiscal en curso: es una de las iniciativas que como diputado federal presenté y aprobó la Cámara de Diputados, pero que había quedado atorada en el Senado y que ahora, con la minuta, podrá ser una realidad.
* Senador por Yucatán. Secretario de las comisiones de Juventud y Deporte, de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y del Instituto Belisario Domínguez; integrante de las comisiones de Turismo, Reforma Agraria y Bicamaral del Calan del Congreso.
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