México gasta en pensiones 1.77 billones de pesos entre enero y septiembre de 2026, el doble que en 2017. Nadie discute que un país con una población que envejece debe pagarlas. La discusión incómoda es otra: con qué se pagan y qué se deja de pagar por pagarlas.
Dos pensiones, dos naturalezas
Conviene separar lo que suele mezclarse. Las pensiones contributivas responden a derechos adquiridos. La propia Hacienda atribuye su aumento, entre otros factores, a la contraprestación de las aportaciones acumuladas. Es decir, a un pasivo heredado de reformas pasadas que ahora se cobra. Las no contributivas, en cambio, son una decisión política vigente, que además se ha expandido: pasaron de representar 5.2% del gasto total en jubilaciones en 2017 a 31.5% en 2026.
La distinción importa porque sus defensores y sus críticos hablan de cosas distintas. Quien defiende las pensiones del Bienestar apunta a su efecto contra la pobreza en la vejez, donde antes no había protección alguna. Quien las cuestiona señala que se sostienen con ingresos que no crecen al mismo ritmo.
La presión sobre el presupuesto
La carga ya es estructural. En el primer semestre de 2026, el gasto en pensiones sumó 1.13 billones de pesos, con crecimiento real anual de 5.28% y equivalente a una tercera parte del gasto programable. Todavía no se termina de pagar lo comprometido, pues las proyecciones advertían que, de continuar la tendencia, al cierre de la administración las pensiones contributivas costarían 2.2 billones de pesos, más que la nómina total del sector público.
La señal para 2027 apunta en la misma dirección: el gobierno perfila un mayor desembolso en pensiones, apoyos y becas del Bienestar rumbo al Paquete Económico, lo que limita la distribución del gasto programable. Cada peso comprometido de manera rígida es un peso que no queda para hospitales, escuelas o policías.
El segundo frente: la deuda
Aquí aparece la contradicción central. Si las pensiones no se cubren con impuestos, se cubren con deuda, y la deuda genera intereses que reducen aún más el margen. Hacienda proyectó una deuda bruta de 57.4% del PIB para 2026, aunque Banamex advirtió que podría superar el 60% en 2027. Un país que destina más recursos a pagar compromisos pasados que a construir capacidad futura se vuelve más vulnerable ante cualquier choque externo.
Hay aquí una tensión que el discurso oficial prefiere no encarar. El gobierno defiende el gasto social como prioridad moral, pero financiarlo sin una reforma fiscal que amplíe la recaudación traslada la factura a generaciones que hoy no votan. Los críticos, por su parte, rara vez explican cómo recortar pensiones sin costo político ni social. Ambos bandos evaden la aritmética.
Tres fricciones sin resolver
- Recaudar o endeudarse. Con ingresos tributarios bajos en relación con el tamaño de la economía, la alternativa a endeudarse es cobrar más. Ninguna fuerza política lo propone con claridad.
- Derechos heredados frente a decisiones nuevas. Las pensiones contributivas son una obligación; las no contributivas pueden reformularse, pero tocarlas es el costo electoral más alto.
- Presente frente a futuro. Un gasto que crece más rápido que la economía no se sostiene indefinidamente, ni con superávit ni con optimismo.
La respuesta a si es una crisis en gestación depende del ritmo. Con deuda en ascenso y pensiones que crecen por encima del producto, la ventana para corregir se cierra gradualmente, sin que ningún indicador suene una alarma definitiva.
Si el costo de pagar a quienes ya trabajaron y a quienes hoy dependen del Estado compite con el de formar a quienes trabajarán mañana, ¿quién decide, y con qué mandato, cuál de esas deudas se paga primero?
