Me parece que no se le ha dado la debida importancia al tema electoral en Guerrero, y no me refiero a los procesos internos de los partidos para seleccionar a candidatos.
Ya vamos para cinco meses y aunque poco ha cambiado, o más bien precisamente por eso las repercusiones provocadas por la desaparición y de acuerdo a la gran mayoría de los indicios, por el artero homicidio de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa “Rául Isidro Burgos”, siguen presentes tanto en nuestro país como en el ámbito internacional, pero sobre todo en el estado de Guerrero.
Mientras que en el Congreso se está dando la discusión de la iniciativa presentada por el presidente Peña Nieto para establecer el mando único policial a nivel estatal y facultar a la Federación para intervenir en aquellos municipios infiltrados por el crimen organizado, y en el marco de la evaluación del cumplimiento de la Convención Internacional de Naciones Unidas comparecen el gobierno mexicano así como la CNDH y padres de los normalistas ante el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, continúan las marchas y manifestaciones con posiciones cada vez más radicales.
Los ataques contra oficinas gubernamentales y los bloqueos en la autopista del Sol, en la costera Miguel Alemán o en el aeropuerto, poco ayudan a un estado con tales índices de pobreza y en el que sus principales fuentes de empleo provienen de la actividad turística, a lo que hay que añadir que la inseguridad y la violencia provocada por la delincuencia organizada no han disminuido.
Son muchos los temas relacionados con esta entidad que han demandado la atención de autoridades, especialistas y de la opinión pública, pero me parece que no se le ha dado la debida importancia al tema electoral, y no me refiero a los procesos internos de los partidos para seleccionar a sus candidatos.
Recordemos que en diciembre pasado, miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) tomaron las instalaciones del INE y advirtieron que no permitirán que se realcen las elecciones, para evitar que los políticos coludidos con crímenes como el de Iguala se mantengan en el poder.
Esto sería muy grave no sólo porque se sentaría un precedente muy peligroso y representaría un duro golpe para nuestro sistema democrático, sino también por sus implicaciones tanto de carácter jurídico como político. Por ello habría que preguntarnos: ¿Qué pasaría si no hubiera elecciones en Guerrero?
Para empezar no se podría elegir al titular del poder Ejecutivo y toda vez que conforme a la Constitución local el gobernador en funciones, cesaría en el encargo una vez concluido su periodo, el Congreso tendría que nombrar un gobernador interino. Pero aquí nos enfrentaríamos a un problema adicional, pues tampoco se podría elegir a los diputados por lo que no habría quien nombrara al gobernador interino. Lo mismo sucedería en el caso de los ayuntamientos por lo que de facto desaparecerían todos los poderes constitucionales en el estado.
En este caso tendría que intervenir el Senado para nombrar a un gobernador provisional de una terna propuesta por el presidente de la República, para que a su vez convocara a elecciones, por cierto sin ninguna garantía de que esta vez sí pudieran llevarse a cabo.
Se trata de un escenario complejo y cuyas consecuencias para nuestra precaria vida democrática y para la estabilidad del país son impredecibles, por lo que debe ser un tema prioritario en la agenda nacional para que se generen las condiciones necesarias que garanticen que el 7 de junio, los guerrerenses puedan acudir a las urnas a ejercer su derecho libremente y en paz.
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