La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, posó recientemente en Barcelona con un cartel que exigía “Cristina libre” y envió un mensaje de solidaridad a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner: “Mucha fuerza, Cristina. Estamos contigo”. El gesto ocurrió durante la Global Progressive Mobilisation, un encuentro de líderes progresistas. Días después, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó el decomiso de 111 bienes vinculados a Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez, para cubrir un perjuicio al Estado estimado en casi 685 mil millones de pesos argentinos, equivalentes a alrededor de 500 millones de dólares.
La medida judicial ratifica la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 en la causa Vialidad, que condenó a la exmandataria por administración fraudulenta en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz. Entre los bienes figuran una propiedad a nombre de Cristina Fernández, 19 transferidos a sus hijos y más de 80 asociados a Báez y sus empresas. La Casación rechazó los recursos de las defensas y ordenó la ejecución inmediata de los activos para resarcir al Estado, sin esperar resoluciones de la Corte Suprema.
Este contraste genera polémica. Para los simpatizantes de Sheinbaum y del kirchnerismo, la condena contra Fernández de Kirchner representa una persecución política orquestada por sectores judiciales y mediáticos opositores. Consideran que el apoyo internacional, como el de la mandataria mexicana, defiende la democracia y denuncia el lawfare, es decir, el uso de la justicia con fines políticos. Argumentan que las causas contra la exvicepresidenta forman parte de una estrategia para proscribirla y debilitar al peronismo.
En la postura contraria, críticos sostienen que el respaldo de Sheinbaum revela una visión selectiva de la justicia. Mientras la justicia argentina, tras dos instancias coincidentes, avanza en recuperar recursos públicos presuntamente desviados, la presidenta mexicana prioriza la solidaridad ideológica por encima del fallo judicial firme. Este comportamiento, afirman, sugiere que para ciertos líderes progresistas la justicia depende de la conveniencia política y no de la aplicación imparcial de la ley. La cifra involucrada —casi 685 mil millones de pesos— representa un monto considerable que, de confirmarse el fraude, equivale a recursos que podrían haber beneficiado a la sociedad argentina en infraestructura o servicios.
El episodio invita a reflexionar sobre la independencia judicial y la responsabilidad de los mandatarios al opinar sobre procesos en otros países. Defensores de la separación de poderes destacan que las sentencias deben respetarse independientemente de afinidades ideológicas, mientras que opositores a la “justicia selectiva” ven en el decomiso un avance contra la impunidad.
En democracia, las posturas encontradas son naturales, pero el caso expone tensiones profundas: ¿debe un jefe de Estado intervenir públicamente en asuntos judiciales extranjeros? ¿O la solidaridad entre líderes progresistas justifica cuestionar fallos confirmados? La ejecución de bienes de una familia política prominente y de su entorno empresarial polariza aún más el debate regional sobre corrupción y estado de derecho.
El desenlace de estas medidas judiciales y el impacto de gestos como el de Sheinbaum continuarán alimentando el debate sobre si la justicia actúa con autonomía o si, en ciertos contextos, se supedita a consideraciones políticas.
