El caso de Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, reúne en un solo expediente los ingredientes más recurrentes del deterioro institucional en México: presunta corrupción, un intento de encubrimiento cinematográfico y el uso de la maquinaria judicial para silenciar a quienes la investigaron.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México sostiene que el supuesto secuestro habría sido planeado para justificar un faltante de 40 millones de pesos en el ayuntamiento de Tenancingo, por lo que ejerció acción penal contra varias personas involucradas y solicitó audiencia de imputación contra la alcaldesa. Derivado de entrevistas, se estableció que durante el trayecto fue la propia alcaldesa quien indicó a sus acompañantes la ruta que debían seguir para evadir las cámaras de videovigilancia. Su esposo, José Roberto «N», y su cuñado, Óscar «N», se encuentran en calidad de prófugos, mientras tres presuntos cómplices fueron detenidos en Oaxaca.
Frente a la avalancha de evidencias, Nápoles Pacheco ha mantenido su versión. Declaró que sí fue privada de su libertad y que se enteró por redes sociales del giro en la investigación, sin haber recibido notificación oficial. Acusó a subalternos de la Secretaría General de Gobierno de estar detrás de la pesquisa, alegando un propósito político para desacreditarla. La presunción de inocencia ampara formalmente estas declaraciones; sin embargo, la solidez de los indicios reunidos por la Fiscalía coloca sus afirmaciones en terreno cada vez más estrecho.
El capítulo que más alarma al gremio periodístico precede al escándalo del secuestro. La denuncia fue presentada el 26 de mayo ante la Fiscalía Especializada en materia de Violencia de Género, con sede en Metepec, cinco días antes del presunto secuestro del 31 de mayo. La causa principal de esta denuncia obedece a las constantes investigaciones periodísticas difundidas en el espacio «La Madeja Política de Tenancingo», donde los reporteros documentaron con solicitudes de transparencia presuntas irregularidades en la distribución de agua potable, fallas en el alumbrado público, sobrecostos en obras y posibles casos de nepotismo. La alcaldesa reclama el pago de 125 mil pesos a cada uno de los cuatro comunicadores señalados bajo el concepto de daño moral, argumentando que las publicaciones afectaron su imagen pública.
La agrupación «100 Periodistas por el Estado de México» ha solicitado la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para detener esta criminalización, luego de que la demanda se base en supuesta violencia digital y daño psicológico, argumentando que el trabajo periodístico la revictimiza al recordar el presunto secuestro. El patrón resulta conocido: la figura de la violencia política de género, creada para proteger a las mujeres en el ejercicio político, es instrumentalizada aquí para perseguir a quienes ejercen el derecho constitucional de informar.
La reacción del propio partido gobernante resultó contundente. La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia iniciar un procedimiento sancionador ordinario, fundamentado en «conductas que contravienen los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo». Nancy Nápoles Pacheco fue citada a comparecer ante un juez el próximo 9 de julio, fecha en que deberá responder a los señalamientos relacionados con el presunto delito de simulación de secuestro.
El caso Nápoles sintetiza una práctica que cruza partidos y geografías: cuando la crítica periodística incomoda, la respuesta no es la rendición de cuentas sino la demanda. La diferencia aquí es que la Fiscalía llegó primero. Y lo que encontró hace que las acusaciones contra los periodistas luzcan, en el mejor de los casos, como una distracción de manual.
