La mayor responsabilidad legal y ética de un ayuntamiento es garantizar la seguridad. Los presidentes municipales deben dejar atrás la tentación de “administrar” los retos en la materia o ser indiferentes ante la demanda ciudadana.
La solución a ciertos desafíos será superada con la coordinación de los tres órdenes de gobierno. Pero debemos tener claro que los fundamentos de un México seguro deben pasar por alcaldes proactivos, tanto en la construcción de instituciones locales sólidas, como en ejercer con oportunidad el mando que les ha sido conferido por ley, así como hacer rendir cuentas a las corporaciones bajo su cargo.
En los últimos años, se han observado fenómenos preocupantes donde distintas comunidades ejercen, por cuenta propia y al margen de la ley, actos de “justicia” en contra de presuntos responsables de delitos. Incluso, algunos gobernadores dispuestos a combatir frontalmente el fenómeno criminal, en la operación de la política pública, se encuentran con vacíos a la hora de eslabonar su estrategia de la mano de la instancia municipal. En todo caso, las expresiones de descontento social a nivel comunitario, y ante el cansancio lidiar con autoridades locales a quienes poco les interesa el bienestar de sus gobernados, hacen del agravio una fuente de movilización y, de esa forma, rebasan la capacidad de respuesta de las instituciones locales.
Así sucedió, el pasado 19 de octubre, en Ajalpan Puebla. Una parte de la sociedad cometió actos de barbarie cuyos resultados fueron fatales. Dos jóvenes fueron linchados, bajo un clima social adverso a la paz, el orden y la seguridad de las personas. Hechos donde el principal observador de la comisión de agravios fue la autoridad municipal, sin que ésta pudiera controlar la situación, estropeando la función social para la cual fue constituida: procurar el bienestar y la convivencia armónica de los ciudadanos.
La responsabilidad de los munícipes, muchas veces, es desdeñada. Hay casos, incluso, en donde los ediles ni siquiera viven en las comunidades que gobiernan, y otros en donde se rehúsan a asistir a reuniones de coordinación de seguridad porque, sencillamente, creen que, por ser autoridad, el control de sus localidades está concedido.
Ante hechos que contradicen los principios básicos de civilización, los gobernadores juegan un papel crucial. En este caso, el mandatario poblano, en una decisión sin precedentes, decretó asumir personalmente el mando de seguridad pública del municipio. Su compromiso ha sido garantizar condiciones de convivencia comunitaria, imponer responsabilidad institucional a nivel local, clarificar los hechos, deslindar responsabilidades y aplicar todo el peso de la ley a quienes atentaron contra la vida y los bienes de las personas. Es importante mencionar la estrecha colaboración con las fuerzas federales, en especial con la Segob, para que se haga de la coordinación una plataforma de respuesta integral ante los retos del momento.
Como toda política pública, los principios de corresponsabilidad requieren plazos fijos. A la autoridad municipal le obliga procurar el entorno de seguridad más cercano al ciudadano, y no existe otro orden de gobierno que deba reemplazarla. Por eso, el presidente municipal de Ajalpan tendrá, como máximo, 180 días para reordenar sus recursos y, así, cumplir con su más alto mandato constitucional. A la par, el gobierno del estado deberá cerrar espacios a la impunidad con las investigaciones puntuales de los hechos y la presentación de los responsables ante la justicia.
En el México de definiciones firmes, que todos buscamos, el orden del gobierno municipal tiene un rol fundamental en el bienestar de las personas. Los alcaldes renuentes a la coordinación, al ejercicio del mando y a la rendición de cuentas no tienen cabida en la construcción de la seguridad que sus gobernados exigen. Hago votos para que las imágenes del México contemporáneo, sean cada vez menos como las instantáneas de Ajalpan. Para eso, deberán buscarse alcades plenamente comprometidos con sus responsabilidades y atribuciones.
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