A estas alturas de lo que sucede en nuestro país, me parece que está más que claro que la corrupción anida en cualquier gobierno, que no es exclusiva de un partido político ni privativa del sector gubernamental, toda vez que en el seno de la sociedad civil respira, transpira y se multiplica con singular presteza. Sabemos además que a su multiplicación coadyuvan no nada más la imperfección de la naturaleza humana, sino la de las leyes y la de las instituciones, que en nuestro México están bastante depreciadas. También hay que destacar, que no todos los funcionarios públicos son corruptos y sinvergüenzas, porque los hay honorables, solo que el estigma por estar donde están, pues les alcanza.
La corrupción, para decirlo en términos coloquiales, no deja títere con bonete. Su deleznable presencia la encontramos en la economía, en la salud, en la seguridad pública, en la nacional, en el seno de la familia…es un cáncer que pudre, que envenena. Es todo un reto combatirla.
La transparencia en el manejo de las finanzas públicas deja mucho que desear, escándalos que retratan las raterías, pues los hay al por mayor, entre otros los derivados de la ausencia de aseo en la adquisición de la deuda que adquieren estados y municipios. En Coahuila sabemos de estas sinvergüenzadas porque se padecen en carne propia, y le cuestan a la población en desarrollo y crecimiento económico y social, amén en desconfianza y descrédito en los gobernantes, y esto le pega duramente al fortalecimiento de la democracia.
La transparencia en México es una práctica de reciente cuño, que infortunadamente no ha permeado en la cultura de la rendición de cuentas, y en entender que lo público, es eso PÚBLICO, y que por tanto debe estar en el escaparate, para que todo el mundo lo vea. La autoridad es renuente a dar cuentas, a informar sobre lo que hace, sobre todo donde se involucran los dineros. Cada vez que el gobierno decide llevar a cabo una obra pública tiene que decidir cómo va a financiarla. Hay tres alternativas: con recursos derivados de los ingresos tradicionales, con alguna variación que involucre a la deuda ya sea en parte o en su totalidad, e incluso la participación del sector privado. Cuando la decisión es realizarlos con deuda, esta tiene que seguir el cauce legal, infortunadamente, como es el caso de Coahuila, lo que dice la ley se lo pasaron por debajo de las extremidades inferiores – me consta – y perpetraron el robo a ojos vistas durante la administración de Humberto Moreira, sin consecuencias legales- porque eso también lo cubrieron con la Ley de Deuda Pública que aprobó la mayoría priísta y sus adláteres en el Congreso local – para ninguno de los “inmaculados” que tuvieron que ver en la ratería. Endeudarse no es un crimen, la deuda pública es una palanca que permite que proyectos, que de otra forma no se desarrollarían, se lleven a cabo, lo que es deleznable es cómo se endeuda.
El jueves de esta semana aprobamos en la Cámara de Diputados una reforma de carácter constitucional para que estados y municipios NO PUEDAN CONTRATAR DEUDA PÚBLICA DE MANERA DISCRECIONAL Y SIN CONTROL. La Iniciativa en comento, es de origen panista, comenzó a impulsarse hace varios años y hasta ahora cristaliza. En los últimos 10 años la deuda pública de los Estados y Municipios ha crecido casi 400 por ciento y, de continuar con esta tendencia, se podría provocar una fuerte crisis en las finanzas nacionales.
Con esta reforma se impulsan criterios homogéneos para la contratación de deuda por parte de los Estados y Municipios, porque ahora los Gobernadores necesitarán del voto de las dos terceras partes de sus Congresos para avalar la adquisición de deuda, anteriormente sólo se requería de la mitad más uno. Además, contratarla estará sujeto a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Se obliga a que se conozca el objetivo de la deuda, con la finalidad de que ésta no vaya a gasto corriente, sino preferentemente a proyectos productivos y de desarrollo, entre otros aspectos relevantes.
Hemos dado un paso importante. Lo invito respetuosamente, estimado lector, lectora, a que conozca esta reforma. Es de su incumbencia. Tenemos que encontrar caminos legales para acotar la corrupción y el despilfarro en las entidades federativas y obligar a los gobernantes a que se conduzcan en el marco estricto de lo que dispone el orden jurídico.
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