¿Qué esperamos de los Diputados Federales?

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Dentro de este proceso que estamos viviendo de descrédito de las instituciones políticas y de los políticos en general, una de las instituciones más afectadas es la Cámara de Diputados que aparece al final de la tabla, junto con los partidos políticos y las policías, y esta percepción debiera ser suficiente para que los diputados que integran esta nueva legislatura, inicien a su vez un proceso de regeneración y reconstrucción de su institución y de la imagen personal de la figura del diputado, y qué mejor que empiecen por dedicarse a cumplir las funciones que la Constitución Federal les encomienda, que son, por cierto, importantísimas para el país y para los ciudadanos en general. Ya el columnista Luis Rubio escribió que “Hoy nadie está construyendo el país del futuro… El país necesita instituciones y el gobierno debería emplear cada oportunidad para construirlas…”, pero para tener nuevas y mejores instituciones se ha de iniciar con buenas y mejores leyes que las establezcan, las promuevan y las protejan, labor que está en manos de los legisladores.

Es común escuchar a muchos diputados que sus responsabilidades se cumplen y satisfacen con las distintas formas de gestoría que realizan, sea para favorecer a su distrito, a su municipio o a su Estado, o bien para favorecer a algún grupo o sector particular que lo ayudó en su campaña electoral, pero hay que insistir en que la labor de gestoría es la menos importante en su trabajo y lo peor de todo es que en la legislatura anterior, los diputados se asignaron recursos presupuestaros precisamente para cumplir sus “compromisos de campaña”, lo cual es una aberración jurídica, pues las Cámaras tienen funciones específicas que no incluyen el que los diputados manejen recursos presupuestarios, como no sean sus dietas y los gastos administrativos para la operación de la misma Cámara.

Este “desvío” funcional de muchos legisladores, tiene en parte su origen en la falta de capacidad de muchos de ellos para estructurar proyectos de ley que incidan en los problemas fundamentales de México, o bien para analizar a fondo las iniciativas que propone el Ejecutivo, las organizaciones sociales o los ciudadanos, la falta de lo cual nos ha llevado a sufrir leyes deficientes o que se contradicen unas con otras y que impiden al Poder Judicial emitir sentencias consistentes, con interpretaciones distintas para casos similares o bien que permitan se politicen las decisiones del Poder Ejecutivo, aumentando así la falta de confianza en las autoridades.

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En estos momentos se está discutiendo el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2016, lo cual requiere estudios y análisis financieros para decidir y determinar cómo se van a gastar casi 4.8 billones de pesos, cuánto se va a dedicar a gasto corriente y cuánto a inversiones, cuál va a ser el déficit presupuestal y cuánto se va a autorizar de incremento en la deuda pública federal, así como cuánto y por qué es lo que se va a destinar para Estados y Municipios y además, qué programas y dependencias van a sufrir los necesarios recortes en su presupuesto, dadas las debilidades en los ingresos nacionales por la caída en el precio y en la producción del petróleo. Todo este análisis deben hacer los diputados a la luz de otro análisis y estudio de la Ley de Ingresos de la Federación, para estar conscientes de la posibilidad de lo que pueda recaudarse en tributaciones y en ingresos por la venta de hidrocarburos, incluyendo las ganancias que el gobierno obtiene por la venta de gasolina a los mexicanos, a precios muy por encima de los precios de importación del mercado internacional.

Pero las urgentes labores para los diputados se refieren no sólo al aspecto financiero; tienen el compromiso de aprobar las leyes referentes al combate a la corrupción, pues la reforma constitucional ya aprobada sólo se podrá aplicar si se emiten más de 20 leyes o reformas para antes del 31 de mayo de 2016, entre ellas la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley para establecer el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una ley que establezca responsabilidades administrativas a los funcionarios públicos; reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública y muchas otras, debidamente coordinadas entre sí y con la legislación existente.

Está pendiente también la legislación correlativa a la Ley General de Transparencia y Rendición de Cuentas, leyes y reformas para mejorar la impartición de justicia así como para mejorar la educación de los mexicanos; leyes para controlar los niveles de pensiones y jubilaciones y mejores leyes para control y mejora del medio ambiente, tan deteriorado en México, etc.

En fin, se ha estado poniendo énfasis en leyes para regular las candidaturas independientes, que son necesarias, claro que sí, pero el país requiere también mejores leyes para la vida cotidiana de los ciudadanos.


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