La corrupción nos cuesta 1.5 billones de pesos por año, lo que representa 45 veces el presupuesto de la UNAM
Aunque es común la idea de que el combate a la corrupción sólo da resultados si es que hay peces gordos en la cárcel, la verdad es que su verdadera eficacia radica en su capacidad de prevención. Es decir, se trata en primer lugar de que no haya corrupción: de que no se pida mochada a los empresarios que ganan un contrato con el gobierno; de que las plazas de trabajo no se vendan al mejor postor; o de que un policía no llegue a servir al crimen en lugar de a las personas a quien debe proteger. Se trata de que los actos de corrupción no lleguen a suceder y, claro, si suceden, se castiguen de manera ejemplar.
México se sitúa en el lugar 103 de 175 países del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, y la corrupción nos cuesta 1.5 billones de pesos por año, lo que representa 45 veces el presupuesto de la UNAM. Cuando se le pregunta a la gente cuál es el principal problema del país, en todas las encuestas recientes aparece la corrupción en primer lugar, por encima de la economía y la inseguridad. Por eso, la reforma que estamos por aprobar esta semana en el Senado para crear el Sistema Nacional Anticorrupción ha generado una gran expectativa y es pertinente explicar cómo está integrado y para qué servirá.
El combate a la corrupción implica varias etapas y procesos a cargo de distintas instituciones que, hasta ahora, han trabajado de manera fragmentada y descoordinada haciendo prácticamente imposible tanto la prevención como la sanción de actos de corrupción. De ahí que un primer logro de la reforma que crea el Sistema es el propio sistema que coordinará a la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción, el Instituto Federal de Acceso a la Información, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Por otro lado, la reforma crea, transforma y fortalece a varias de dichas instituciones y de manera destacada a la Auditoría Superior de la Federación, que podrá hacer auditorías sobre el ejercicio de los recursos públicos en tiempo real y por denuncia ciudadana. Esto ayudará a detectar errores y posibles actos de corrupción a fin de ser evitados, resarcidos y/o sancionados.
Tanto la ratificación del secretario de la Función Pública por parte del Senado como la creación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para sancionar a servidores públicos por responsabilidades administrativas graves, abonan a que deje de ser el propio gobierno quien investigue y sancione sus propias conductas, lo cual aporta a la independencia e imparcialidad necesarias en esta materia.
La prescripción de responsabilidades administrativas graves y corrupción hasta los 15 años; la extinción de dominio por enriquecimiento ilícito; la obligatoriedad de la presentación de la declaración de intereses por todos los funcionarios públicos y la sanción a particulares que incurran en actos de corrupción son enormes avances que, en su conjunto y al ser replicados en el orden local, hacen de esta reforma, como lo ha dicho Mauricio Merino, la más ambiciosa en la historia de la administración pública en México.
Sin embargo, todos sabemos que ninguna reforma es capaz de cambiar por sí misma la realidad. Hay que implementarla y, sobre todo, hay que cambiar la cultura enraizada en muchos funcionarios públicos de que los cargos son para servirse de ellos y no para servir. Un siguiente paso impostergable en esa dirección es la eliminación del fuero, que constituye un estado de excepción de aplicación de la ley a quienes lo ostentan, empezando por el Presidente de la República. Ésa es, sin duda, la siguiente batalla.
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