En un país, lo que hace posible que una empresa extranjera gane contratos millonarios, preste por ellos un servicio de mala calidad, genere daños a la Hacienda Pública y cobre precios elevadísimos a los usuarios, es un gobierno débil y funcionarios corruptos que se beneficien de esa clase de abusos. Éste es el caso de la constructora OHL cuyas intenciones de seguir incrementando el costo a los usuarios del Viaducto Bicentenario en el Estado de México e, incluso, de no concluir la obra que aún está en construcción, fueron dadas a conocer hace unos días.
Cuando se inauguró en 2010 el primer tramo del Viaducto Bicentenario, el precio por kilometro recorrido era de 1.32 pesos y cinco años después, tras un incremento del 112%, el precio por kilómetro recorrido es de 2.80 pesos. Un incremento del 112% aplicado a un litro de leche equivaldría a pagar hoy poco más de 30 pesos y una caja de 18 huevos, costaría más de 80 pesos.
¿Por qué este tipo de empresas no cometen los mismos abusos en otros países? ¿Por qué en México la mayoría de las concesiones están hechas para favorecer los intereses privados y los de los funcionarios del gobierno, y no el de los ciudadanos? ¿Por qué nos tenemos que enterar de estos hechos a través de grabaciones y no de una investigación hecha por las instituciones diseñadas para ello? La respuesta no es complicada: la corrupción, el cinismo y la impunidad hacen que las instituciones dejen de hacer su trabajo.
OHL, en un intento de frenar el daño a su imagen pública, aceptó casi de inmediato la renuncia de su director de Relaciones Institucionales Pablo Wallentin, quien está implicado en las grabaciones. La empresa sabe que de lavar su imagen depende en buena medida su subsistencia en México. De hecho, el desplome de sus acciones la semana pasada es un primer costo que están pagando.
En cambio, en el gobierno del estado no pasa nada. A pesar de que Apolinar Mena, el responsable de las modificaciones al título de concesión que no sólo han permitido aumentar los precios a los usuarios, sino ampliar el plazo de la concesión hasta el 2051, aparece en una grabación poniéndose de acuerdo para el pago de sus vacaciones familiares por parte de OHL, sigue en el cargo. Lo mínimo esperado es su renuncia para permitir una investigación seria e independiente del caso. No es de extrañar que por ello el Estado de México sea, según el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana, el estado número dos en corrupción del país.
El gobierno debe ser el primer interesado en defender el bien público, pero si por su debilidad, su ineficacia y/o complicidad es incapaz de hacerlo, los otros poderes públicos, junto con los ciudadanos debemos exigir un fin al abuso, para que prevalezcan las instituciones y la ley frente a intereses privados que no tienen ningún compromiso con el bien común. Así como en otros países latinoamericanos como Chile, Brasil o Guatemala se está poniendo un alto a la corrupción, es hora que en México termine la era de impunidad de la que se han beneficiado tanto empresarios como funcionarios corruptos.
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