¿Expresión ciudadana? Coartada. Desde 2018, con el asesinato de al menos 322 personas y 2 mil más heridas, como consecuencia del uso indiscriminado de “armas de guerra” que fue ordenado por el primer círculo del gobierno nicaragüense, con el objetivo de reprimir manifestaciones sociales masivas. Esto, de acuerdo con análisis de Amnistía Internacional reportados por The Guardian.
¿Competencia democrática? Inhabilitada. La respuesta feroz a la intención de un importante segmento de la oposición a presentar una candidatura presidencial de unidad, con el objetivo de marginar al dictador Daniel Ortega del poder, vía el mandato de las urnas, se tradujo, al correr de los últimos meses, en la detención penal de los candidatos más competitivos, junto con varias decenas de líderes opositores provenientes del sector privado, el activismo político y la academia.
¿Libertad de prensa? Bloqueada. La crítica periodística no tiene cabida, porque la administración del dictador Ortega retiene en aduanas el papel con el que se imprimen periódicos, como sucedió con La Prensa, que es el diario con mayor antigüedad de ese país. Lo mismo que se emprende persecución fiscal mediante la imposición de arbitrarias multas millonarias en contra de canales televisivos que difunden las reiteradas violaciones del régimen a los derechos humanos, según dan constancia las notas de medios internacionales como El País. Además, otras fuentes abiertas acusan el cierre de 20 medios críticos.
¿Bienestar social? Inexistente. Se calcula que, en los últimos tres años, más de 80 mil nicaragüenses se han trasladado a Costa Rica con solicitud de refugio. Sin embargo, especialistas como la Organización Integral para las Migraciones afirman que ha emigrado hasta un 11% de la población y este indicador podría empeorar. Ello debido a que, a la par de la persecución política, la crisis económica provocada por la pandemia podría provocar una nueva escalada migratoria hacia Estados Unidos y la misma Costa Rica.
Así, el dictador Daniel Ortega ha venido estrangulando las condiciones que propician y dan legitimidad a la democracia, en su afán de garantizar el control totalitario del sistema político. Un control que no sólo está encaminado a asegurar un quinto mandato presidencial —conseguido hace unos días en una elección que ya desconoció Estados Unidos, Alemania, España, Reino Unido, Colombia y Chile, entre otras naciones—; sino, eventualmente, a afianzar una dinastía familiar en la que su esposa y actual vicepresidenta, Rosario Murillo, se perpetúe en el poder con base en el uso faccioso de la fuerza pública y las instituciones de justicia.
Por ello, no hay manera de permanecer indiferente a lo que acontece en Nicaragua. Permitir que transcurra en la impunidad este agravio a la democracia podría constituir un grave antecedente en que la utilización dictatorial del aparato gubernamental comience a ser la regla más que la excepción en la región latinoamericana. Más aun cuando este tipo de dirigentes políticos han encontrado nuevas fórmulas de evitar rendir debidas cuentas por sus excesos de poder.
Cosa de recordar cómo Nicolás Maduro suspendió las negaciones con la oposición democrática —tras la extradición a Estados Unidos de su presunto operador financiero, quien es acusado de lavado de dinero—, tras años de obstaculizarle a los venezolanos tanto la división y equilibrio de poderes como la celebración de comicios electorales legítimos con las más mínimas condiciones de equidad.
Por el peso de su poder nacional, muchos son los que están a la expectativa de cómo Estados Unidos influirá en esta crisis democrática. Algunos analistas piden cautela por las implicaciones de que Nicaragua se termine alineado con los intereses rusos, cuando este país ha dado muestras de interferencia directa en los asuntos de la región. Valga recordar las divergencias con el gobierno colombiano por sus actividades de espionaje, las cuales concluyeron con la expulsión de dos diplomáticos rusos hace un año. Sin embargo, no sólo es tarea de Estados Unidos, sino del resto de la región hacerle ver a la clase dirigente nicaragüense de que no hay manera de que tengan viabilidad en el mediano plazo sus objetivos dictatoriales.
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