Hace apenas un mes que inició la LXV Legislatura federal (N.E. septimebre 2021), en medio de un gran entusiasmo y expectativas por la nueva conformación en la Cámara de Diputados donde la alianza Va por México, conformada por el PAN, el PRI y el PRD junto con Movimiento Ciudadano, pueden detener la aprobación de reformas constitucionales propuestas por Morena y su gobierno.
Habiendo sido históricos adversarios, por primera vez, el PAN se alió con el PRI y se presentaron con el PRD a las elecciones federales de junio de este año. Tal hecho se justificó por la necesidad de generar límites y contrapesos a la supermayoría morenista que de la mano de sus aliados dominaron la Cámara de Diputados durante los tres primeros años del sexenio del presidente López Obradormodificando gran cantidad de leyes y aprobando presupuestos que a juicio de dichos partidos, han sido en perjuicio del país.
La alianza electoral funcionó y la oposición no sólo arrebató a la 4T el número suficiente de curules para bloquear reformas constitucionales, sino que se reposicionó en gran parte del país, recuperando territorios gobernados en el pasado, por ejemplo, en el Estado de México, y ganando nuevos como en la Ciudad de México. Después anunciaron que la alianza continuaría en la arena legislativa y que serían efectivamente un contrapeso a Morena. Ahora, las y los ciudadanos que confiaron en los partidos de Va por México esperan resultados.
Si bien ya hubo una primera votación en el marco de las reformas legales que están reconfigurando el papel de las Fuerzas Armadas con mayores atribuciones y poder, en la que el PRI acompañó a Morena, la verdadera primera prueba de fuego será la votación de la reforma constitucional enviada este jueves por el Presidente de la República a la Cámara de Diputados que propone desaparecer los órganos reguladores tanto del sector eléctrico (la CRE) como del sector de hidrocarburos (la CNH); transformar a la CFE en un “organismo del Estado” y que al menos 54 por ciento de la energía en el país sea despachada por ésta, mientras que el 46 por ciento restante podría ser asignado a privados; cancelar los actuales contratos con privados y desaparecer los Certificados de Energías Limpias como instrumentos para la transición energética mexicana.
La iniciativa parece sacada de un archivo de los años setenta o antes, cuando el Estado no sólo regulaba, sino que también tenía una amplia participación en las actividades económicas, cuando el principio de competencia económica y los derechos de los consumidores no eran considerados y cuando el cambio climático no era la más seria amenaza a la supervivencia de nuestra especie como lo es ahora.
Pues bien, esa propuesta que pretende eliminar principios y derechos ahora escritos en nuestra Constitución, que desincentivaría la inversión privada a sabiendas de que la CFE sola no es capaz de generar la energía eléctrica necesaria arriesgando la competitividad del país, y que sería un obstáculo más para el cumplimiento de los compromisos de México en materia climática, es la que deberá detener la oposición.
En esta primera prueba legislativa se juega mucho más que la reforma en sí, que aunque el daño por su aprobación sería enorme, tendría aún más consecuencias como la credibilidad de la alianza opositora hacia los electores, su capacidad de sobreponerse a sí misma para afrontar otras propuestas de reformas ya anunciadas como la electoral, que buscaría desaparecer el INE o la que incorporaría la Guardia Nacional formalmente a las Fuerzas Armadas, y sobre todo, la posibilidad de seguir conformando alianzas electorales hacia la renovación de gubernaturas en los estados por venir y hacia la elección presidencial de 2024.
Sin duda, un primer reto crucial para Va por México.
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