Morena, un atentado contra la legalidad

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Es natural que un partido político a quien no favorece una decisión exprese su molestia y se inconforme.

Me parece que el hecho de que dos candidatos del mismo partido político a las gubernaturas de Durango y Zacatecas hayan perdido su registro para participar en las respectivas contiendas electorales no es un asunto menor, particularmente en el último caso en que, de acuerdo a las encuestas, David Monreal se perfilaba como altamente competitivo y representaba quizá la única opción real de triunfo para Morena. Sostengo que la pluralidad es deseable en toda democracia, pero esta tiene sus límites y uno de ellos es el apego a la legalidad.

Si hacemos un poco de memoria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó la pérdida del registro de ambas candidaturas, ya que el partido postulante omitió presentar en tiempo los informes de precampaña a que estaba obligado conforme lo disponen expresamente los artículos 25 inciso s) y 79 inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos así como el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es decir, se trató de un claro incumplimiento por parte de Morena.

Para algunos podrá parecer excesiva la sanción al considerar que no era más que un trámite administrativo, pero no hay que perder de vista que además de ser un elemento indispensable para la fiscalización del origen y destino de los recursos, la legislación electoral establece que “si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiera obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato”.

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En este sentido, no hay espacio para la interpretación, lo que el INE hizo no fue sino aplicar la norma por lo que no se entienden los graves señalamientos de que han sido objeto los Consejeros Electorales, y sobre todo que éstos se hayan exacerbado en el caso de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, siendo que las resoluciones fueron aprobadas por una amplia mayoría. Suena a que hay también un encono personal.

Es natural que un partido político a quien no favorece una decisión exprese su molestia y se inconforme ante las instancias jurisdiccionales -como de hecho lo hizo Morena-, pero amenazar con iniciar juicio político a los Consejeros Electorales y retirar a todos sus candidatos de los demás procesos electorales en curso es francamente un exceso. Si hay algún responsable en esto es Morena por una falta de cuidado inaceptable, y quizá de los precandidatos afectados que no se cercioraron que se diera cumplimiento a un requisito tan importante, pero desde ninguna perspectiva se puede acusar al INE de una actuación indebida.

Ahora, el líder de Morena recurre a una estrategia que en otros tiempos le ha funcionado, la de victimizarse como una forma de presión al Tribunal Electoral y para ganarse la simpatía de la población, pero en el fondo lo que en realidad está exigiendo es que se le dé un trato preferencial a su partido y se flexibilice la norma a partir de consideraciones políticas, que justo es lo que tanto daño ha hecho a este país al constituir un atentado contra la legalidad. Que se haga cargo de ello.


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