Los números no mienten, aunque los discursos oficiales a veces los matizan. Los indicadores económicos publicados en mayo de 2025 dibujan un panorama que debería encender las alarmas en los despachos gubernamentales y en los hogares mexicanos por igual: el país no solo crece menos, sino que exhibe señales simultáneas de contracción en prácticamente todos los motores que sostienen una economía sana.
El diagnóstico en frío
El Producto Interno Bruto registró una caída, lo que técnicamente representa una contracción de la riqueza generada por el país. El consumo privado —es decir, lo que los mexicanos gastan en bienes y servicios cotidianos— también disminuyó, señal inequívoca de que los bolsillos se aprietan. La inversión fija bruta, termómetro del apetito empresarial por crecer y apostar por México, se redujo de igual manera, arrastrando consigo a dos sectores estratégicos: la construcción y la manufactura, ambos considerados columnas del empleo formal y la productividad nacional.
Para rematar el cuadro, el Banco de México recortó su proyección de crecimiento para 2025 a apenas 1.1%, una cifra que, medida contra el crecimiento demográfico y las necesidades sociales del país, equivale en la práctica al estancamiento.
El empleo: la trampa del dato positivo
El único indicador que podría leerse como alentador —el crecimiento del empleo— esconde en realidad uno de los elementos más preocupantes del informe. Los nuevos empleos no se generaron en el sector formal, con acceso a seguridad social, crédito y derechos laborales plenos, sino en la informalidad. México suma trabajadores que laboran sin contrato, sin IMSS y sin certeza jurídica. Presentar este dato como logro es, en el mejor de los casos, una omisión; en el peor, una distorsión deliberada de la realidad.
¿De quién es la responsabilidad?
Aquí comienza el debate político que los datos inevitablemente provocan. La oposición señala que el deterioro económico es resultado directo de la política de austeridad, la incertidumbre jurídica para la inversión privada y el debilitamiento de instituciones autónomas que el gobierno de la Cuarta Transformación ejecutó durante el sexenio anterior y que la actual administración de Sheinbaum ha continuado. Desde esa trinchera, los recortes en infraestructura pública y la hostilidad percibida hacia el capital privado explican la caída en la inversión y la construcción.
El gobierno, por su parte, atribuye el freno económico a factores externos: la desaceleración global, la incertidumbre arancelaria derivada de la política comercial de Donald Trump y la volatilidad de los mercados internacionales. No es una explicación falsa, pero tampoco es completa.
Lo que se omite en el debate
Lo que pocas voces señalan con claridad es que ambas explicaciones son simultáneamente ciertas y convenientes. El entorno externo es adverso, sí, pero la política interna no ha generado los colchones necesarios para absorber esos golpes. Una economía con instituciones sólidas, inversión pública estratégica y certeza jurídica resiste mejor las turbulencias externas. México llegó a esta tormenta con la guardia baja.
El 1.1% proyectado no es solo una cifra técnica. Es el retrato de un país que pierde tiempo, empleos de calidad y oportunidades de desarrollo mientras el debate político se consume en trincheras.
