México carcomido por la impunidad

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México debe atender de forma prioritaria la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.

México ocupa un deshonroso lugar entre los cinco países con mayor impunidad en el mundo, según el recién presentado Índice Global de Impunidad IGI 2015, del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ), de la Universidad de las Américas Puebla.

El contexto todos lo conocemos. ¿Están presos los responsables de masacres, desapariciones forzadas, extorsiones, secuestros y de actos de la inagotable corrupción?

¿Cuántos jueces están tras las rejas por corruptos, cuántos delincuentes de cuello blanco son alcanzados por la justicia, cuántos lavadores de millones y millones de pesos producto del narcotráfico y de otros crímenes han sido detenidos y juzgados?

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La fuga del Chapo Guzmán, además de ser una vergüenza para el gobierno del PRI en todo el mundo, ¿no es acaso la prueba más escandalosa y fehaciente de corrupción y de impunidad?

El fuero en México es sólo un escudo con el que se protegen muchos corruptos en el poder, que en lugar de servir al bien común, se sirven con la cuchara grande del presupuesto, y roban sin escrúpulos los fondos que deberían beneficiar a los más necesitados.

Los derechos humanos no son respetados, y cada día por desgracia se hace más común enterarnos de que las principales violaciones a los mismos parecen haber sido dictadas por autoridades al amparo de sus puestos, de sus encargos, con lo que traicionan a la democracia y a la confianza depositada en ellos.

Un país sin instituciones fuertes no puede desarrollar una verdadera democracia, ni gozar de sus beneficios. La impunidad desacredita y socava de forma permanente la autoridad de los gobernantes, y con ello crece el deterioro del sistema político como lo conocemos. Estamos ante una grave crisis de impunidad en México.

El equipo de investigación de ese centro, encabezado por el Dr. Juan Antonio Le Clercq Ortega, realizó un amplio estudio a nivel internacional para intentar medir el fenómeno de la impunidad, que es considerado multidimensional, y que evidentemente compromete el desarrollo óptimo de la democracia, la procuración de justicia, las políticas públicas de seguridad y los derechos humanos.

El Lic. Andrea Ambrogi Domínguez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado de Puebla, acierta cuando escribe con lucidez en el prólogo del estudio: “No basta con crear leyes que busquen normar la conducta humana; es preciso contar con la certeza de que éstas se van a aplicar y que aquellos que las infrinjan obtendrán un castigo”. Y sigue: “Así se configura la impunidad, uno de los problemas más importantes que enfrenta el mundo en el que vivimos, ya que representa el factor principal que alimenta y promueve la delincuencia y la corrupción”.

En México el problema de la impunidad –refiere el documento– es funcional y estructural, y es imprescindible adoptar medidas urgentes para reducir los altos niveles actuales que sufrimos.

El análisis contempló la información de los 193 Estados miembros de la ONU y otros 14 territorios. De esos 193 miembros de la ONU, 59 países fueron incluidos en el Índice Global de Impunidad. Entre los cinco países con más altos índices de impunidad se encuentran: Filipinas, México, Turquía, Colombia y Rusia.

Una de las conclusiones a la que nos conduce el Informe es que México debe atender de forma prioritaria la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.

En cuanto al primero de estos dos temas, se recomienda que México optimice y ejerza “una adecuada ejecución de los procesos de averiguación de la mayor parte de las personas en contacto con cuerpos de seguridad

Y se señala un dato de suma importancia y que rema en sentido contrario a las políticas públicas de seguridad federal: México no necesita mayor inversión para aumentar el número de elementos policiacos, sino directamente en los procesos “que garanticen la efectividad de sus acciones”.

Asimismo, se aconseja a nuestro país contar con un mayor número de jueces dentro del sistema de justicia, lo cual conduciría a incrementar la atención a los juicios, y con ello, reducir el número de personas que esperan una sentencia, así como la sobrepoblación en los penales.

En la actualidad, en México sólo hay cuatro jueces por cada 100 mil habitantes, una cifra que se considera inferior al promedio global. Se pone de ejemplo el caso de Croacia, un país con un bajo índice de impunidad, y que cuenta con 45 jueces por cada 100 mil habitantes.

El sistema de justicia en México sería entonces poco funcional, ya que tiene casi la mitad de la población detenida -46%-, sin una sentencia, y presenta poca relación entre la cantidad de las personas encarceladas por homicidio, y los casos denunciados por ese mismo delito.

En la otra mano, los países de América Latina y el Caribe con el más bajo índice de impunidad fueron: Costa Rica, Barbados, Panamá, Trinidad y Tobago, Bahamas, Guyana y Chile.

Sin duda, esta excelente y oportuna investigación, debe servir como base para efectuar de inmediato las rectificaciones necesarias en las políticas públicas de seguridad, justicia y derechos humanos, y corregir así el rumbo descaminado que actualmente vivimos. No hay democracia con impunidad. Es la hora de luchar.


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