Uno de los temas menos atendidos, tiene que ver con las limitaciones en cuanto a libertad de expresión en varias de las entidades del país. La percepción de muchos ciudadanos es que no hay una libertad plena en este ámbito, a la vez que organizaciones internacionales especializadas en la materia señalan a México como uno de los países más peligrosos para ejercerla. Para completar el cuadro, las agresiones y asesinatos en contra periodistas continúan, sin que se resuelva esta situación.
A Ruben Espinosa, uno más en una larga lista
que esperamos no siga creciendo
El asesinato de Ruben Espinosa -fotógrafo que laboraba para la revista Proceso y otros medios- en la Ciudad de México el pasado 31 de julio -junto a otras cuatro personas en un departamento de la colonia Narvarte-, ha puesto nuevamente sobre la mesa el tema de los riesgos en el ejercicio de la libertad de expresión en México.
Espinosa había hecho del conocimiento de diversas organizaciones defensoras de los derechos de los periodistas la situación por la que vivía, incluso señalando que no confiaba en ninguna autoridad y que temía por su vida. La razón: las críticas que había hecho al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, mandatario de una entidad que tiene el dudoso honor de ser sede de la mayoría de los crímenes en contra de comunicadores en lo que va del sexenio, y que hizo que organizaciones como Reporteros sin Frontera enviaran una carta al Presidente Peña Nieto para exigirle que preste “mas atención a los estados de la República más peligrosos para los periodistas y ejercer presión sobre sus gobiernos para que luchen eficazmente contra la impunidad”, el pasado 10 de julio con motivo de su visita a Francia.
En la República mexicana, el ejercicio de la libertad de expresión se haya en riesgo. Varios son los factores que influyen negativamente en su desempeño, mismos que van desde las amenazas del crimen organizado hasta de autoridades que son denunciadas por actos de corrupción.
Para Freedom House, los medios de comunicación y sus trabajadores enfrentan presiones de diversos actores que pretenden manipular el contenido noticioso o impedir su publicación, “entre ellos los dueños de agencias que defienden agendas políticas o de negocios, importantes publicistas que buscan recibir cobertura positiva o neutral y funcionarios gubernamentales”, pero aclara que “la violencia criminal constituye la peor amenaza al periodismo independiente en el país” y cita el documento del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), en el que se da cuenta de al menos 31 reporteros y cuatro trabajadores de los medios asesinados por motivos relacionados con su labor desde 1992 y 13 más han desaparecido desde 2005.
“Desgraciadamente las cifras mencionadas por otras organizaciones son mucho más elevadas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, órgano autónomo del Estado mexicano, registra la muerte de 88 periodistas y trabajadores de los medios en el periodo comprendido entre el año 2000 y abril de 2014. La extendida ingobernabilidad observada en muchos rincones del país entorpece la tarea de determinar si los homicidios se derivaron o no de su trabajo periodístico”, completa Freedom House.
Si bien, en el ámbito jurídico, en febrero de 2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión, su trabajo sólo ha dado como resultado una condena, recuerdó Reporteros sin Fronteras.
Una de las medidas que se han implementado en este aspecto, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México, no sirve en la práctica pues cuenta con “botones de pánico sin señal, teléfonos emergencia que nadie contesta, patrullajes que no se hacen, cámaras que tardan meses en ser instaladas, nulo seguimiento de las investigaciones”, de acuerdo al segundo diagnóstico realizado con base en el análisis de 59 casos acompañados por las organizaciones que se agrupan en el Espacio_OSC documentados entre noviembre de 2012 (instalación del Mecanismo de Protección) y noviembre de 2014.
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