La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación evidencia la falta de ruta crítica colectiva. Descubre, además, el endeble escenario sobre el que se encuentra la sociedad mexicana para determinar con información, alternativas de política pública y mayor consenso, la aproximación de mediano plazo al uso de la mariguana.
El hecho no es de preocupación menor. En cada coyuntura similar suelen aflorar argumentos contrapuestos basados, fundamentalmente, en percepciones, dada la ausencia de información sistematizada que oriente con mayor precisión a la opinión pública y tomadores de decisión en las instituciones, a fin de establecer una regulación consistente con dicha sustancia y las serias implicaciones que conlleva.
Así, por ejemplo, mientras algunos sectores enfatizan que la prohibición del uso de la mariguana no protege el derecho a la salud, otros subrayan los efectos nocivos de la droga. Líderes de opinión y ciudadanos expresan su preocupación legítima sobre el nivel de violencia derivada de la rivalidad entre narcotraficantes, sin que, a la fecha, podamos identificar evidencia clara de cómo autorizar el uso recreativo de la mariguana habrá de traducirse en mejores convivencias comunitarias.
Queremos una sociedad más sana y condenamos el consumo de tabaco en espacios cerrados, pero damos los primeros pasos para que los departamentos habitacionales estén impregnados de humo de mariguana. Deseamos menores de edad con capacidades plenas y, sin regulación consistente de por medio, les ampliamos los márgenes de acceso a estupefacientes. ¿Acaso los criminales dejarán de secuestrar o extorsionar a las familias al permitir el uso recreativo de la mariguana?
Más preocupante aún es que diversos sectores urgen a un debate amplio e informado para definir una política de uso —lo cual muestra grados de incertidumbre importante en un posicionamiento sólido— pero, al mismo tiempo, impulsan acciones aisladas en el marco de una agenda que obliga, en lo formal, a garantizar el derecho de cuatro personas a la siembra, transportación y uso lúdico de la mariguana. Las declaraciones del titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) muestran los serios retos legales que conlleva hacer cumplir la sentencia emitida hace unos días por la Corte.
La sociedad mexicana no merece decisiones a medias en el camino de alto riesgo que representa el mercado de la droga, cualquiera que éste sea. Si se critica a políticos la superficialidad de tomarse la foto en ciertos alcances de política pública, debemos condenar con toda firmeza el uso propagandístico del que han echado mano varios legisladores federales y locales en últimos días, mientras no existan fines sociales bien definidos con su consecuente ruta crítica de deliberación, acuerdo y una estricta regulación acorde.
La siembra, procesamiento y comercialización de la mariguana tiene implicaciones serias en los campos de la salud, la seguridad, el fortalecimiento institucional y el desarrollo social de nuestro país. Los mexicanos requieren que se defina el método a seguir frente al fenómeno de la droga, con base en un sistema de información que clarifique las implicaciones del consumo de la mariguana y otros enervantes. Mientras eso no suceda, decisiones aisladas mantendrán vigentes las amenazas.
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