Finalmente, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado de la República sus iniciativas de reforma a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal para autorizar la posesión personal de hasta 28 gramos de mariguana y la investigación clínica con fines de registro de productos que contengan mariguana con fines médicos. Se deja en libertad a los que están presos o sujetos a procesos a penas “desproporcionadas” por posesión de mariguana.
Estas medidas anunciadas en el patio central de la Secretaría de Salud significan un “nuevo paradigma” que busca proteger la salud de la comunidad más que castigar al consumidor. Se trata de un cambio radical respecto de la política de Felipe Calderón, quien dedicó un gigantesco esfuerzo nacional a combatir la violencia desatada por el narcotráfico organizado y enquistado en los círculos de poder.
Varios legisladores, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México y connotados académicos ya habían propuesto iniciativas para dejar de prohibir la importación y venta de medicamentos que contienen cannabis sativa para usos médicos. En diciembre pasado, el arzobispo de México aludió a los avances científicos que aprovechan ciertas drogas para curar enfermedades. Las consultas organizadas por el gobierno aportaron elementos de juicio concretos y el sentir de sectores de la población.
La propuesta más reciente fue la presentada el pasado 4 de abril por el senador Roberto Gil Zuarth por la bancada del PAN, en presencia del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y del exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont.
Esta iniciativa fue preparada por un colectivo de académicos e investigadores del CIDE y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, integrantes de organizaciones cívicas, así como por el grupo que se amparó ante la SCJN.
Dicha iniciativa propone un esquema completo para descriminalizar el uso de la mariguana y establecer una reglamentación clara e institucionalizada en la materia. Se prevé la creación de un instituto oficial encargado de autorizar, registrar y comprar la producción de la mariguana en el campo a productores con licencia al precio fijado por dicha entidad y que sería vendido al público contra la presentación de una receta médica. La venta a través de dicha entidad quitaría el poder de las mafias. No se permitiría la participación de la empresa privada.
En lo que a los consumidores se refiere, cada persona podría cuidar hasta seis plantas, cuyo producto será para su uso personal. Los castigos para los que porten droga más allá del límite establecido serán leves. No se fumará en la vía pública. Podrían formarse cooperativas de producción para abastecer el uso de sus socios pero, a diferencia de los “clubes” de mariguana, no se autorizaría el consumo “presencial”, es decir, dentro de la cooperativa.
Ni las propuestas anteriores, como la que envió al Senado el presidente Peña Nieto, mucho más acotada, aluden a la violencia desatada en tantas regiones de México. Los horrendos choques entre mafias por razones de distribución de drogas, tráfico y secuestro de personas y sus luchas por espacios quedan como asuntos de seguridad, de policía, un tema distinto al de la salud pública.
El paso dado esta semana demuestra que el problema de la droga va definiéndose poco a poco. La realidad, sin embargo, no se constriñe sólo a la mariguana u otras sustancias naturales bien conocidas en nuestra antigua cultura. El peligro más ominoso para la juventud y los clientes adinerados está en las drogas industriales, las sofisticadas designer drugs cuya moda se extiende. Son estos últimos productos de tecnología avanzada los que se elaboran en EU para atender su creciente demanda doméstica y de exportación.
Al seguir aumentando en su producción, al lado de la mariguana que se legaliza en varios de sus estados, quizás la comunidad norteamericana comience a sufrir los consecuentes estragos del crimen organizado que nosotros aun conocemos, pero que hacia ella habrán de emigrar.
There is no ads to display, Please add some
