Los vaivenes del PRI en materia eléctrica

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Es de advertir una postura dubitativa por parte de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, frente a la iniciativa del presidente en materia eléctrica, mediante la cual pretende la estatización y monopolización de esa industria, eliminando prácticamente la inversión privada en el ramo.

Cada vez que aparece sobre la mesa un tema polémico, los legisladores del tricolor tienen por costumbre guardar silencio y omiten pronunciarse al respecto, deciden esperar bajo la justificación de escuchar las opiniones de expertos en la materia, así lo hicieron durante las administraciones de Fox y Calderón, por lo que no es extraño que ahora vuelvan a aplicar la receta.

Sin embargo, siempre esconden algo bajo la manga, son expertos en la negociación política y saben medir sus tiempos, aunque en esta ocasión, los costos les pueden salir muy altos, la apuesta que están jugando es sumamente arriesgada, por las implicaciones de su indefinición.

En principio se supone que están dentro de un bloque opositor, que si bien, no los obliga a votar en contra de todo, si a velar por el entendimiento de los grupos afines y a evitar la concentración de poder del Ejecutivo, utilizando los pocos contrapesos que en conjunto disponen, entre los cuales se contemplan el peso de los legisladores.

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En ese orden cabe apreciar que hicieron un compromiso público para sumar esfuerzos en aras de proteger bienes superiores de la nación, considerando dentro de estos, el fortalecimiento de las instituciones, en ese tenor, la iniciativa pretende la desaparición de algunas sumamente relevantes, entre otras, la Comisión Reguladora de Energía.

También despierta el sospechosismo, al recordar que no hace mucho, quizás algunas semanas el propio presidente en sus mañaneras manifestó el posible acompañamiento del PRI en sus reformas, lo que alienta ahora con vigor la especulación.

Es de destacar que la reforma en la materia si bien tiene poco tiempo en vigor, se venía diseñando desde hace más de veinticinco años, impulsada por administraciones priistas, dada la ineficiencia de empresas estatales por una parte y, la necesidad de que el Estado conservara la rectoría en la materia por otra.

La participación en su confección de expertos en la materia y de prácticas internacionales exitosas, dieron pauta a un proceso de transición con mecanismos de un modelo estandarizado que tiene como objetivo la prestación de un servicio que impacta directamente al bienestar del consumidor final.

El hecho es que esa reforma fue ampliamente debatida, estudiada y analizada, involucrando factores técnicos, económicos y sociales, donde la participación del PRI, además de haber sido muy activa, también sobresalió por el impulso dado a la transformación del sector eléctrico nacional.

Por esa razón resulta incomprensible que, ante la magnitud de un proceso legislativo a todas luces regresivo, dañino y con efectos altamente nocivos, guarden silencio. Habrá que interpretar si es por intereses o por principios.


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