Para que un régimen sea realmente democrático se requiere más que elecciones. Éstas, por más libres y transparentes que sean, son apenas un primer elemento básico, pero las democracias plenas garantizan el ejercicio de una serie de derechos y libertades establecidas en las leyes y custodiadas por instituciones fuertes e independientes.
De acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para lograr un desarrollo democrático no solamente son necesarias elecciones, sino también otros elementos como el respeto y reconocimiento de los derechos humanos, un Poder Judicial y Legislativo independientes y eficaces, un sistema de partidos que facilite una buena representación entre los ciudadanos y sus líderes, una sociedad civil participativa y una amplia libertad de expresión basada en el libre acceso a la información. Ésta última es la que hoy en México parece estar, como nunca en la era posalternancia, amenazada.
Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non (N.E. conditio sine qua non = condición sin la cual no) los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales y, en general, quienes deseen influir sobre la colectividad, puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”.
De ahí la importancia de la labor que realizan las y los periodistas y los medios de comunicación que, ni más ni menos, contribuyen —cuando la información es objetiva y veraz— a formar conciencia y criterio a las y los ciudadanos para que tomemos mejores decisiones en libertad.
Sin embargo, en nuestro país, la función de las y los periodistas no es suficientemente comprendida y valorada y, lo que es peor, desde hace décadas han sufrido violencia hasta el límite de pagar con su vida el desarrollo de su profesión, entre otras cosas, porque debido a la debilidad institucional que prevalece en todos los ámbitos y órdenes de gobierno, en muchos sitios, la prensa ha sido el único contrapeso a la corrupción y la ineptitud de las autoridades, y la única que ha expuesto verdades incómodas, como la acción de los grupos criminales en el país.
Por eso, a la larga lista de periodistas asesinados, en apenas mes y medio de este año, se han sumado otros cinco evidenciando, una vez más, que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, operado por la Secretaría de Gobernación, no funciona.
El gremio, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales han exigido, sexenio tras sexenio, consistentemente, a las autoridades que hagan su trabajo de prevención y protección, con decepcionantes resultados. Hay que decirlo: sin importar el color del partido en el gobierno, el Estado mexicano les ha fallado.
Sin embargo, no fue sino hasta esta administración que, además de la violencia de siempre, han tenido que sufrir ataques, descalificaciones y presiones desde el mismo poder, por eso, la semana pasada vimos manifestaciones de la prensa sin precedentes, al negarse a hacer preguntas al Presidente, al dar la espalda a la bancada morenista en la Cámara de Diputados y al desatender la conferencia de prensa del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República.
Fuerte llamado de atención que esperamos se traduzca no sólo en eficacia del mecanismo diseñado para proteger a las y los periodistas, sino en empatía y responsabilidad desde el podio presidencial.
Los queremos vivos y haciendo su trabajo a favor de la democracia.
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