Por: Marcos Pérez Esquer
Esta semana el Congreso de la Unión aprobó las propuestas del Ejecutivo en materia de reformas fiscales para el año 2022. En muchos medios suele decirse que se aprobó la “ley miscelánea 2022”, así que primero habría que aclarar que la llamada “ley miscelánea” en realidad no es una ley como tal, sino que, en el argot parlamentario se le denomina así al conjunto de reformas que se plantean a las diversas leyes impositivas para entrar en vigor el 1 de enero del siguiente ejercicio fiscal. En ese contexto, se realizaron reformas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, y a la Ley Federal de Derechos. De todo esto, han sido tres, las reformas que han generado fuerte polémica. Veamos:
- La sustitución del Régimen de Incorporación Fiscal, por el nuevo Régimen Simplificado de Confianza.
Si lo que se busca es ampliar la base de contribuyentes antes que la captación de recursos, hasta cierto punto esto podría ser positivo, ya que con el nuevo esquema se deja de aplicar el incremento escalonado de la tasa del ISR a personas físicas con actividad empresarial, y se sustituye por la aplicación genérica de tasas muy bajas sobre ingresos sin deduccciones que van del 1% al 2.5%. Con el régimen anterior las tasas iban del 1.92% al 35% según el nivel de ingresos, y se pagaba el 0% del impuesto calculado el primer año, el 10% el segundo año, el 20% el tercer año, hasta llegar al 100%. Bueno pues este proceso escalonado se elimina y se cambia por el Régimen Simplificado de Confianza.
Sin embargo, no se le permitirá acogerse a este régimen a las personas físicas que sean socias, accionistas o integrantes de personas morales, lo cual deja fuera a quienes forman parte de organizaciones campesinas, uniones de crédito, módulos de riego, etc., lo que generará un claro perjuicio a ese sector.
- Incorporación de mayores de 18 años al Registro Federal de Contribuyentes aunque aún no tengan actividad económica.
Este es desde luego un sinsentido, ¿por qué alguien debería registrarse en un padrón de contribuyentes, si no es un contribuyente?, es tanto como pedirle a persona que no tienen derecho a votar, que se inscriba en el Registro Federal de Electores, ¿cuál es la lógica?
Todo indica que la explicación -nunca reconocida por supuesto- es la de engrosar una base de datos que por un lado, puede ser utilizada con fines de control político-electoral, sobre todo al engarzarla con otras bases de datos como la de “Jóvenes Contruyendo el Futuro” por ejemplo, y por otro lado, permite ampliar una base que contiene datos biométricos como huellas dactilares, iris del ojo y geometría del rostro, la cual tiene un gran valor en términos de pesos y centavos. Desde el año pasado, se le permitió al SAT hacer negocio con esa base, así que ampliarla puede ser un gran negocio.
- Restringir las deducciones de donaciones a organizaciones de la sociedad civil.
Este es otro despropósito que solo puede ser explicado a partir de la animadversión que el actual gobierno tiene para con las organizaciones de la sociedad civil. Algunas de las organizaciones más críticas al gobierno son donatarias autorizadas que como tales pueden expedir recibos deducibles de impuestos a sus donantes. Restringir esa posibilidad es recortar su financiamiento y en consecuencia disminuir sus posiblidades de investigación y operación.
En el nuevo esquema ya no se permitirá deducir por esta vía hasta el 7% de los ingresos de una persona como ha sido hasta ahora, sino que cualesquier donación será computada como parte del tope que tenemos en el conjunto de nuestras deducciones personales como colegiaturas, seguros médicos, gastos médicos y funerarios, etc., con lo cual, evidentemente los contribuyentes preferirán deducir estos gastos, y no correr el riesgo de rebasar ese el tope con aportaciones a organizaciones de la sociedad civil.
En resumen, de los tres cambios más polémicos, solo el primero podría implicar algún beneficio, y a medias; los otros dos, son verdaderos desvaríos que solo se explican a partir del ánimo de control político y revancha que caracteriza a la administración actual.
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