Los medios erróneos se pagan caro: los bolcheviques combatieron clandestina y violentamente al sistema zarista y, finalmente, entronizaron un régimen policiaco de clandestinidad, espionaje y violencia
Una vez más es noticia el espionaje con el programa malicioso “Pegasus” y aunque el escándalo señala más 50,000 objetivos en todo el mundo, tan sólo en nuestro país son 15,000 teléfonos intervenidos desde 2016 y al parecer, los recursos con los que se pagó el servicio fueron erogados de forma ilícita.
En junio del 2016 el Partido Acción Nacional denunció que, a su presidente nacional, a sus coordinadores parlamentarios y al menos a una decena más de militantes, les llegó el mensaje que dirigía a la misma dirección desde donde se infectaron los teléfonos de los comunicadores y activistas sociales que estaban siendo espiados. Más allá del escándalo mediático no se supo más. Ahora y por una investigación internacional se vuelve a abrir el tema y las respuestas siguen ausentes.
El espionaje en nuestro país fue parte intrínseca de la época autoritaria. El presidente López Obrador mencionó que ha sido espiado al menos desde la época de Carlos Salinas de Gortari, pero el espionaje y el control político que ejercieron instancias como la Secretaría de Gobernación y la Dirección Federal de Seguridad no son un secreto. Actualmente se pueden conseguir en el Archivo General de la Nación los informes que generaban sobre eventos de partidos opositores y sobre personas que estaban constantemente vigiladas; no es preocupante que el espionaje sea parte de la historia de México y de todos aquellos que fuimos opositores el siglo pasado, lo preocupante es que sigue pasando y con métodos mucho más sofisticados.
El artículo 16 de nuestra Constitución dice: “Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando, además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.” Esto quiere decir que en México sólo se pueden intervenir comunicaciones privadas en materia penal y las intervenciones tienen que ser autorizadas por un juez federal.
El presidente López Obrador declaró también que su gobierno no espía a nadie, y honestamente espero que eso sea mentira, como la mayor parte de las cosas que dice, porque la intervención de comunicaciones es una herramienta que puede funcionar para combatir la inseguridad y al crimen organizado. El punto es que se haga bajo el procedimiento que dicta el artículo 16 de la Constitución y en las legislaciones secundarias, que sea exclusivamente para materia penal y que de una vez por todas se conozca a profundidad el caso de “Pegasus”; quién lo contrató, quién y cómo lo pagó, qué juez federal autorizó cada uno de los 15,000 objetivos y quiénes son los responsables de un crimen tan serio.
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