Los ataques al fiscal y la venganza del PVEM

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No se puede aducir que omisión es sinónimo de ocultamiento y mucho menos de mentira.

La primera reacción ante la orden de aprehensión que solicitó a un juez la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), así como la consiguiente renuncia de Arturo Escobar como Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, fue de sorpresa, pues no es común que en nuestro país se proceda contra un alto funcionario y mucho menos si además se trata del dirigente de un partido político aliado al gobierno.

Esto generó todo tipo de especulaciones, siendo la más recurrente que el Fiscal Santiago Nieto tuvo que haber actuado por instrucciones -o en el peor de los casos con el consentimiento- de la Procuradora General de la República o incluso de Los Pinos.

Vale la pena recordar que entre los múltiples objetivos de la reforma político-electoral de 2014 estaba precisamente darle cierta independencia a la FEPADE, para lo cual se dispuso la intervención del Senado en el nombramiento y remoción de su Titular y también se amplió el catálogo de delitos electorales. Sin embargo, para muchos -acostumbrados a las reglas del viejo sistema político que desafortunadamente aún prevalecen- resultaba difícil creer que Nieto hubiera actuado motu propio como efectivamente sucedió.

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Naturalmente para el PVEM representó un duro golpe, sobre todo porque trae de nuevo a la memoria colectiva las diversas irregularidades cometidas por este partido en el pasado proceso electoral por las que fue sancionado por el INE, como en el caso de las tarjetas Premium Platino que ameritó una multa de aproximadamente 4 millones de pesos.

Tampoco es de extrañar que haya salido en defensa de Escobar, pero es francamente inadmisible y preocupante que en un evidente ánimo intimidatorio y revanchista, pretendan la destitución del Fiscal -con la complicidad del PRI- bajo el argumento falaz de que existe un conflicto de interés por haberle brindado asesoría al Grupo Parlamentario PRD en el Senado y que ocultó información.

En primer término es importante precisar que Santiago Nieto cumplió cabalmente con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la PGR y en la Convocatoria aprobada por la Junta de Coordinación Política, además de que lo avala su trayectoria académica y su desempeño como Magistrado del TEPJF.

Por otra parte, no se puede afirmar que existe conflicto de interés -el conflicto de interés se prueba, no se presume- por el hecho de haber sido contratado en su carácter de investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en la materia por un grupo parlamentario para que le brindara asesoría técnica. Se trata tan sólo de una relación profesional que no implica subordinación o vínculo partidista y debemos ser cuidadosos, ya que este argumento podría llevar al absurdo de que cualquier especialista que preste sus servicios a un partido político o grupo parlamentario -ejemplos sobran- se considere como inelegible.

Tampoco se puede aducir que omisión es sinónimo de ocultamiento y mucho menos de mentira. Si bien la información proporcionada en su currículum pudo no haber sido detallada, es sabido que en su calidad de académico participaba en diversos foros y seminarios, realizaba estudios y daba asesorías sin que necesariamente tuviera que relacionar cada una de ellas pero más aún, su presencia en las reuniones del Senado para discutir la reforma electoral estaba a la vista de todos incluyendo a los Senadores del PRI y del PVEM, por lo que no era ningún secreto aunque ahora se quieran mostrar sorprendidos.

Es claro que no existen elementos objetivos para pensar siquiera en la remoción del Titular de la FEPADE y me parece que por el contrario, es de reconocer que haya actuado con independencia en el ejercicio de sus funciones. Ya corresponderá a las autoridades judiciales determinar lo que proceda en el caso concreto, pero tenemos la responsabilidad de alzar la voz para que no se consume este vergonzoso intento de venganza política y se siente un precedente muy peligroso, pues representaría un adelanto de lo que nos podemos esperar también con la Fiscalía Anticorrupción cuyo diseño institucional es similar.

¡Basta ya de la manipulación de la justicia y las instituciones por intereses políticos!


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