Liberan a 11 detenidos del #20NovMX por falta de pruebas

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“en democracias no debería existir represión a ciudadanos”: Senador Ruffo Appel

México, D. F., 30 de noviembre de 2014.- Por no acreditar las pruebas suficientes que demostrasen la responsabilidad en los hechos violentos de la marcha del 20 de noviembre, los once jóvenes detenidos fueron puestos en libertad inmediata, después de permanecer nueve días en penales de alta seguridad.

El el juez 17 de distrito con sede en Xalapa, Veracruz, consideró que la PGR no acreditó ni presentó las pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de estas personas en los hechos de ese día.

De acuerdo con los abogados, el juez indica, incluso, que para el estudio del caso tuvo que reclasificar el delito de tentativa de homicidio por el de delito por lesiones, pero que aún así las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron insuficientes.

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El juez ordenó a las autoridades de penal de Nayarit y de Xalapa que se pusiera en inmediata libertad a estas 11 personas.

Al respecto, los Senadores por el Partido Acción Nacional Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel y Francisco Búrquez celebraron la decisión de las autoridades mexicanas.

El Senador por Baja California, Ernesto Ruffo Appel, destacó que en una democracia no hay cabida para la represión a las expresiones pacíficas de los ciudadanos.

Si México es una democracia no tendría por qué haber represión a los ciudadanos

Las agresiones físicas y la fuerza policial no da cabida al diálogo, el acuerdo, la tolerancia y el pluralismo

–  Ernesto Ruffo Appel, Senador por Baja California

“Si México realmente es una democracia no tendría por qué haber estas represiones a los ciudadanos. Las agresiones físicas y la fuerza policial desatada en contra de las manifestaciones pacíficas de los ciudadanos no deja cabida para el dialogo, el acuerdo,  ni la tolerancia y el pluralismo”, expresó el exgobernador.

También se sumó al llamado del grupo de Senadores para que se respete en todo momento la libre expresión de los mexicanos y a la actividad informativa de los comunicadores quienes también han sufrido amenazas, agresiones y arrestos injustificados durante las marchas que en recientes semanas se han dado en diversas ciudades del país.

El Senador Ruffo Appel mencionó que la marcha del pasado 20 de noviembre en la Ciudad de México fue de carácter cívica y ciudadana, “un movimiento social que quiere ver al Gobierno mexicano a la altura de las necesidades que exige, que tiene, que el país debe resolver”.

En días pasados diversas organizaciones sociales han tomado las calles de la capital de la República exigiendo justicia por la desaparición y presunta muerte de 43 estudiantes del Estado de Guerrero. A estas expresiones ciudadanas se han sumado grupos civiles que exigen a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto una mejor forma de conducir al país

Luego de la manifestación del 20 de noviembre  autoridades policiacas y del  orden público atacaron directamente a los miles de hombres, mujeres, familias y asistentes en general presentes en la plancha del Zócalo del Distrito Federal, que desembocó con la detención de 11 ciudadanos.

“CARGOS DESPROPORCIONADOS Y PRUEBAS DÉBILES” EN CONTRA DE ONCE DETENIDOS: AMNISTÍA INTERNACIONAL

Para Amnistía Internacional las autoridades mexicanas fincaron “cargos desproporcionados y pruebas débiles”  a los once detenidos en la Ciudad de México.

El organismo internacional, en un boletín emitido el 28 de noviembre, pidió una investigación inmediata sobre las denuncias de que policías golpearon y amenazaron a los manifestantes durante su detención.

AI señala que las evidencias en contra de los 11 detenidos son débiles, por lo que “es muy difícil entender por qué todavía están detenidos, sobre todo en instalaciones de alta seguridad siendo tratados como criminales de alta peligrosidad”.

La detención de los manifestantes, cuestiona Amnistía Internacional, parece formar parte de un intento para “para desalentar las protestas legítimas”.

Las tres mujeres y ocho hombres fueron acusados de asociación delictuosa, motín y el intento de homicidio de un oficial de policía. La única prueba que los incrimina es el testimonio de los cinco policías que les detuvieron. A menos que se presenten pruebas suficientes para apoyar los cargos, los manifestantes deben ser liberados.

“Si la fiscalía persigue la investigación, debe presentar prueba suficiente contra los manifestantes, situación que no ha sucedido hasta ahora. A falta de pruebas suficientes, esos cargos nunca debieron presentarse en primer lugar”

MÁS DE 14 MIL CIUDADANOS DE 27 PAÍSES EXIGIERON LA LIBERACIÓN DE LOS DETENIDOS EL #20NOVMX

­Más de 14 mil ciudadanos de al menos 27 países distintos exigieron mediante una carta al presidente Enrique Peña Nieto la liberación inmediata de los manifestantes detenidos el 20 de noviembre de 2014 durante la manifestación pacífica al Zócalo de la ciudad de México.

Convocados por la Red Global #AyotzinapaSomosTodos, los firmantes, muchos de ellos estudiantes y académico mexicanos viviendo en el extranjero, demandaron urgentemente el retiro de los cargos que el aparato judicial ha impuesto sobre estos ciudadanos y que detengan su traslado a prisiones lejanas donde carecen de cobertura legal.

“Denunciamos, dicen en la misiva, las violaciones al justo proceso judicial, incluyendo el impedir el acceso a los abogados escogidos por los detenidos y la aportación de pruebas de inocencia. La liberación de presos políticos es prioritaria para restaurar la credibilidad de las instituciones mexicanas”.

La carta, también dirigida al secretario de Gobernación, Míguel Ángel Osorio Chong, se manifiesta en contra de la represión y de la criminalización de la protesta social. En ella expresan su “profunda alarma e indignación ante la lógica represiva que el gobierno de México exhibe sistemáticamente en su respuesta a la protesta social” generada a raíz de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

El documento también fue dirigido al Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.


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