El Presidente dará a conocer su estrategia de reestructuración del sistema de justicia para abatir los niveles de impunidad y garantizar el respeto a los derechos humanos. Según lo han anticipado sus personeros, con estas medidas espera superar la crisis política precipitada tras los acontecimientos de Iguala y significaría que el gobierno federal habría logrado sacudirse la catatonia que lo paralizó durante dos meses. Retomaría el control de la situación, demostrando que su voluntad política para mover a México está incólume y recobró su capacidad para resolver situaciones complejas.
Cuestión aparte será la rehabilitación de su liderazgo y la recuperación de su prestigio. Esta dimensión de la crisis requiere una terapia diferente: rigurosas aclaraciones del titular del Ejecutivo ante instancias independientes para ser absuelto de los señalamientos sobre conflictos de intereses en licitaciones y de favoritismos en el otorgamiento de contratos.
En el tablero de la feroz lucha política que se libra, el gobierno moverá una importante ficha. Ya sacrificó a su reina para salvar a los alfiles de su gabinete y alineó torres y caballos para enfrentar la desestabilización. Si su nueva jugada no produce el efecto deseado, que la situación amerita, sus adversarios lo pondrán en jaque.
Los gritos de algunos participantes de las marchas que exigen la renuncia del Presidente suenan desorbitados, pero si las medidas que anuncie resultan un parto de los montes o un refrito de compromisos antes incumplidos por el sabotaje de gobernadores, alcaldes y funcionarios coludidos con criminales, insuficientes ante las exigencias de la sociedad agraviada por la corrupción, la inseguridad, la violencia y los altos impuestos, definitivamente no lograrán concitar a su alrededor la masa crítica de confianza ciudadana para sostenerse y los opositores radicales ganarán adeptos. Mostraría a un gobierno agotado, sin creatividad, ayuno de capacidad para encontrar la solución al conflicto en curso.
La convergencia, planeada o circunstancial, de intereses ideológicos, políticos y económicos, con las justas demandas de justicia y localización de los normalistas de Ayotzinapa, logró enderezar en muy poco tiempo una poderosa contestación al sistema político, al gobierno federal y al Presidente y ésta no se diluirá con discursos y promesas burocráticas. Se requieren hechos que prueben que el enojo y mensaje de la sociedad y de los agraviados los hizo propios. Si el grupo gobernante sigue creyendo que todo México es Cuautitlán, no solamente dará la razón a quienes lo han descalificado por haberse mostrado incompetente en esta crisis, sino que se colocará en la orilla de un quiebre institucional.
La insurgencia antisistémica está en periodo de crecimiento. Probablemente alcance su acmé el primero de diciembre. Luego vendrá el puente Guadalupe-Reyes. Podría ocurrir su inflexión si durante el periodo vacacional se anuncia la localización de los normalistas y se da el golpe de timón con la implementación de los cambios de fondo pregonados. De no ser así, el movimiento insurreccional se encontrará con el proceso electoral del próximo año, en ese supuesto el abanico de escenarios van desde un desenlace como el de 1994, cuando la crisis política que precedió a las elecciones se resolvió con una ejemplar participación de los ciudadanos en las urnas, hasta el otro extremo, la repetición de 1988. La combinación de tres factores: crisis económica, insurgencia cívica y ruptura en la familia revolucionaria, desembocaron en las urnas y reventaron al modelo político entonces vigente. Así se produjo la histórica “caída del sistema”. Hoy el gobierno dirá por cuál opción se decantó.
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