“Son jóvenes que exigen al Gobierno resultados”: Ruffo Appel
México, D. F., 28 de noviembre de 2014.- La organización Amnistía Internacional (AI) pidió la liberación de los jóvenes detenidos en la marcha pacífica del 20 de noviembre pasado. En un boletín publicado en el sitio oficial de Amnistía Internacional, se hace un llamado a que las autoridades mexicanas retiren los “cargos desproporcionados y liberar a los 11 manifestantes”.
La organización también ha pedido una investigación inmediata sobre las denuncias de que policías golpearon y amenazaron a los manifestantes durante su detención.
AI señala que las evidencias en contra de los 11 detenidos son débiles, por lo que “es muy difícil entender por qué todavía están detenidos, sobre todo en instalaciones de alta seguridad siendo tratados como criminales de alta peligrosidad”.
La detención de los manifestantes, cuestiona Amnistía Internacional, parece formar parte de un intento para “para desalentar las protestas legítimas”.
Las tres mujeres y ocho hombres fueron acusados de asociación delictuosa, motín y el intento de homicidio de un oficial de policía. La única prueba que los incrimina es el testimonio de los cinco policías que les detuvieron. A menos que se presenten pruebas suficientes para apoyar los cargos, los manifestantes deben ser liberados.
“Si la fiscalía persigue la investigación, debe presentar prueba suficiente contra los manifestantes, situación que no ha sucedido hasta ahora. A falta de pruebas suficientes, esos cargos nunca debieron presentarse en primer lugar”
La mayoría de los detenidos que tuvieron acceso a abogados de su elección informaron que los agentes de policía les golpearon y amenazaron durante su detención. De acuerdo a sus abogados, los manifestantes tienen moretones y cicatrices alrededor de sus ojos y en sus brazos.
Las tres mujeres continúan siendo representadas por abogados designados por el Estado. Su estado de salud se desconoce. Fueron encarceladas en la prisión de alta seguridad más remota en el estado de Nayarit, a 700 kilómetros de distancia de la ciudad de México, donde el contacto con familiares y abogados es extremadamente limitado.
“En vez de presentar cargos infundados contra los manifestantes, la Procuraduría General de la República debe centrarse en establecer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos y llevar a los responsables ante la justicia”, dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“LOS ONCE DETENIDOS EL #2ONOVMX FORMAN PARTE DE UN MOVIMIENTO QUE EXIGE CUENTAS AL GOBIERNO”: SENADOR RUFFO APPEL
Los once ciudadanos detenidos en la marcha del 20 de noviembre, forman parte de un movimiento que exige al Gobierno Federal resultados, señaló el Senador por Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
Al participar en una conferencia de prensa con los Senadores Marcela Torres Peimbert y Francisco Búrquez, Ruffo Appel destacó que la marcha del 20 de noviembre fue de carácter cívica y ciudadana, “un movimiento social que quiere ver al Gobierno mexicano a la altura de las necesidades que exige, que tiene, que el país debe resolver”.
En días pasados diversas organizaciones sociales han tomado las calles de la capital de la República exigiendo justicia por la desaparición y presunta muerte de 43 estudiantes del Estado de Guerrero. A estas expresiones ciudadanas se han sumado grupos civiles que exigen a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto una mejor forma de conducir al país.
Luego de la manifestación del 20 de noviembre autoridades policiacas y del orden público atacaron directamente a los miles de hombres, mujeres y familias presentes en la plancha del Zócalo del Distrito Federal, que desembocó con la detención de 11 ciudadanos.
El grupo de legisladores del Partido Acción Nacional exigió que a los once detenidos se les realice un debido proceso, con pruebas contundentes de su inocencia al no haber participado en los hechos violentos de la noche del 20 de noviembre donde grupos ajenos a la marcha pacífica se enfrentaron con grupos policiacos.
De acuerdo a diversos testimonios recogidos por organismos defensores de los Derechos Humanos, estas 11 personas fueron detenidas bajo amenazas y agresiones físicas, sin que la autoridad presente elementos gráficos (videos o fotografías) que prueben la participación de los acusados en los hechos violentos suscitados el 20 de noviembre.
“Este asunto de los 11 detenidos puso en tela de duda el espíritu ciudadano que de manera pacífica y alegre se manifestó; por eso queremos saber con precisión qué pasa con los 11 detenidos, que tengan las garantías suficientes para que tengan debido proceso”, manifestó el Senador Ruffo Appel.
PETICIONES DEL GRUPO DE SENADORES
Los Senadores Torres Peimbert, Francisco Búrquez y Ruffo Appel expusieron que son tres las peticiones que hacen a las autoridades que detuvieron y mantienen en prisión a los once jóvenes:
1.- Que a los once detenidos se les realice un debido proceso, con pruebas contundentes de su inocencia.
2.- Que a los jóvenes cuenten con una defensa correcta, sin tintes políticos ni partidistas, una justicia expedita.
3.- Los legisladores llamaron a que el proceso sea transparente, que se pueda acceder a la información suficiente con la que la Procuraduría General de la República (PGR) está basando sus acusaciones, así como tener a disposición del público en general los informes de los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
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