Ley 3de3

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La ley en México pierde eficiencia en su aplicación porque los intereses de grupo, así sean contrarios al interés general, dominan en la aprobación de iniciativas fundamentales para mejorar el desempeño de las instituciones.

Tal es el caso del proceso legislativo de la iniciativa ciudadana 3de3, la cual fue discutida y aprobada no sólo en la premura de haber violado el periodo constitucional establecido para tal fin, sino enviada al Ejecutivo para su promulgación en términos que lastiman su utilidad social. Un ejercicio institucional que partió de premisas muy sólidas y que hoy acabará siendo resuelto una vez más en tribunales de justicia con un final muy distinto al original.

Aún con imperfecciones en su contenido y redacción, la Ley 3de3 se convirtió rápidamente en uno de los motores ciudadanos para obligar a sus autoridades a la rendición de cuentas y la transparencia, un derecho fundamental existente en todo régimen democrático. Sin embargo, no contó con la misma celeridad dentro del Poder Legislativo, el cual postergó hasta donde pudo y quiso, la discusión de las condiciones que obligarían a funcionarios a hacer públicas sus declaraciones fiscales, patrimoniales y de conflicto de intereses.

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Caso particular es el del Senado, el cual en el marco de la discusión parlamentaria de las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción, la aprobación de la Ley de Responsabilidades Administrativas fue resultado de la imposición de una minoría de intereses priistas que desvirtuaron toda posibilidad de aplicar eficientemente una regulación necesaria para combatir la corrupción.

Se concentraron en quitar la obligación a servidores públicos, legisladores, jueces y dirigentes sindicales de hacer públicas sus tres declaraciones antes referidas; asimismo, se votó por normar que toda persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos también presentara esas mismas declaraciones, lo que es un contrasentido en una ley que buscaba originalmente regular a los funcionarios públicos y no a los ciudadanos.

Si bien la Ley 3de3 no es la única vía para combatir la corrupción, el Poder Legislativo perdió la oportunidad de generar herramientas que dieran mayor solidez y consistencia al SNA. Los legisladores optaron por una ley hecha al vapor, totalmente distinta a la originalmente propuesta y que no resuelve la falta de rendición de cuentas de los funcionarios públicos; haciendo a un lado la posibilidad de dotar a nuestro sistema legal de una legislación coherente y congruente con los retos que actualmente enfrenta México.

Ésta no es la primera vez que sucede una situación similar dentro del Congreso. La parchada Ley 3de3, aprobada hace unos días, es una muestra más de que el Poder Legislativo sigue dando origen a reformas medianas, sin un espíritu transformador y muy alejado del combate a la corrupción. Hoy, lo aprobado por el Senado y ratificado en la Cámara de Diputados implica un retraso en la puesta en marcha del SNA, además de un retroceso en la forma de hacer política, pues diariamente se institucionalizan leyes que terminan siendo impugnadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así, el quehacer legislativo se encuentra en la cuerda floja, pues si no está bien fundamentado corre el riesgo de eliminar leyes y de seguir dilatando el acceso a los ciudadanos a demandas legítimas como el escrutinio de los funcionarios y representantes públicos, institucionalizando prácticas que, en vez de generar leyes sólidas, dan luz a verdaderas aberraciones, que sólo dificultan su puesta en marcha.


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