Está demostrado que pretender solucionar los problemas únicamente a partir de modificaciones al marco jurídico no es necesariamente una buena apuesta.
Conforme va avanzando el sexenio del presidente Peña Nieto, surgen cada vez más datos que reiteran que la corrupción es uno de los principales problemas del país ya que impacta en todos los órdenes de la vida nacional como la seguridad, la economía y la convivencia social y así lo revela el valioso estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad realizado por la Doctora María Amparo Casar.
Un ejemplo de ello lo encontramos en los preocupantes resultados que arroja el Índice de Percepción de Corrupción 2015, que se suma a los escándalos mediáticos que no cesan provocando la irritación de la ciudadanía así como una creciente presión en el ámbito internacional, lo que ha obligado a la clase política a reaccionar -más por necesidad que por convicción o sentido de responsabilidad-, aunque con demasiada timidez para la dimensión del problema.
Sin embargo, cuando menos esto permitió que el año pasado se aprobara la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, y cuya legislación secundaria debe ser emitida por el Congreso a más tardar el próximo mes de mayo. Si bien no se le debe restar importancia a este esfuerzo legislativo, lo cierto es que existen serias dudas sobre su efectividad pues está demostrado que pretender solucionar los problemas del país únicamente a partir de modificaciones al marco jurídico no es necesariamente una buena apuesta, sobre todo cuando son los propios políticos quienes más tardan en aprobarlas que en ver cómo las diluyen o les dan la vuelta.
Para cambiar el statu quo se requiere de voluntad política y, de acuerdo al director para las Américas de Transparencia Internacional, en este rubro también estamos rezagados a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países en los que se ven muestras palpables como es el caso de Guatemala que incluso se ha vuelto emblemático.
En este contexto, si las reformas legales son insuficientes y no existe conciencia en la clase política así como una decisión real para prevenir y combatir la corrupción -hay que reconocer que muchos de los dirigentes gubernamentales o partidistas han sido beneficiados y entre ellos se cubren-, el único camino que queda es a través de la participación activa y debidamente organizada de la sociedad.
Por ello, es aún más plausible y oportuno el esfuerzo que han desplegado un grupo de organizaciones ciudadanas y empresariales, así como académicos y activistas para, en primer lugar, elaborar y consensuar una iniciativa de Ley General de Responsabilidades Administrativas (que entre otros estuvo a cargo de José Roldán Xopa y Max Kaiser), y luego para recabar las 120 mil firmas que se necesitan para presentarla como iniciativa ciudadana.
Es de reconocer y celebrar la gran respuesta que ésta iniciativa ha generado en personalidades de los más diversos ámbitos, quienes no sólo han dado su firma sino que se han convertido en importantes promotores, lo que permite pensar que en un lapso razonable de tiempo se logrará alcanzar la meta.
El hecho de que una propuesta emanada de la sociedad llegue al Congreso es en sí una buena noticia, pero me parece todavía más relevante que este activismo obligará a los legisladores a priorizar su análisis y discusión ante la mirada de todos, y esperemos que también contribuya a darle seguimiento a su correcta aplicación. Por eso debemos apoyar la #Ley3de3, en lo que a mi toca, ya la firmé.
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