Lavado de dinero: retos y propuestas para su combate

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El lavado de dinero es un delito que disfraza los recursos obtenidos por medio de actividades ilícitas para que parezcan como ganancias derivadas de actividades permitidas y legítimas. Se relaciona con una variedad de delitos, como el narcotráfico, la corrupción, el fraude, la extorsión, el tráfico de armas, la prostitución y el tráfico de personas. Además, el lavado de dinero tiene la capacidad, por su monto y alcance, de poner en riesgo la estabilidad financiera de muchos países.

La magnitud del lavado de dinero en el orbe es enorme. De acuerdo con datos citados en un documento de Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el Fondo Monetario Internacional calcula que este delito podría representar entre 2 y 5% del Producto Interno Bruto mundial. En el caso de México, según el Instituto Nacional de Geografía entre el segundo trimestre de 1993 y el mismo período de 2009 el promedio del lavado de dinero en México fue de 1.68% del PIB nacional.

A nivel internacional existen varias organizaciones que luchan contra este delito, entre ellas el Grupo Egmont (compuesto por 131 unidades de inteligencia financiera en el mismo número de países), el Grupo de Acción Financiera (GAFI), en el que participan 36 naciones, incluyendo a México. Ambas organizaciones publican un informe anual sobre la prevalencia del lavado de dinero en las naciones que los integran, así como la acciones que instrumentan para detectar, prevenir, evitar y castigar a los responsables del “blanqueo” de dinero. En la mayoría de los índices, incluyendo el del Instituto Basilea, México aparece como una nación con rango medio de vulnerabilidad frente al lavado dinero, similar al de Italia y España.

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México se ha sumado a la mayoría de los organismos e iniciativas de cooperación contra el lavado de dinero. Entre ellas resalta GAFI, que desde 1990 ha emitido y revisado 40 recomendaciones para prevenir y atacar el lavado de dinero. En 2008 GAFI y el Fondo Monetario Internacional analizaron las acciones de nuestro país para instrumentar las 40 recomendaciones: el reporte fue que México cumplía de manera satisfactoria con 24 de ellas; ello nos por arriba del promedio de las naciones del G20 y del promedio mundial.

 

En 2012 entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que, entre otras medidas, impone restricciones a las operaciones en efectivo que se consideran de alto valor; y faculta a las autoridades para coordinarse y compartir información sobre actividades vulnerables y acciones de la delincuencia organizada, en particular entre la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su similar en la PGR.

 

La semana pasada Senadores de la mayoría de las fracciones parlamentarias presentaron una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal de 2012. Al revisar la instrumentación de la Ley, sus resultados y realizar varios foros de consulta con autoridades, especialistas y organizaciones de profesionistas, comerciantes, industrias y proveedores de servicios, los senadores proponentes de la iniciativa buscan fortalecer la inteligencia financiera, la prevención y sanción de las actividades ilícitas y, de manera simultánea, matizar los costos de organización y administración que muchos sectores con actividades legítimas han puesto en marcha para cumplir con los requisitos de Ley, así como las dificultades que encuentran para realizar actividades financieras. En las próximas semanas el Senado de la República analizará la iniciativa, que -sin duda- podrá mejorar nuestro marco normativo.


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