Las lecciones del GIEI

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Hace ya un año y medio de aquel septiembre funesto en el que, al menos, 43 jóvenes estudiantes fueran víctimas de las debilidades institucionales que como país arrastramos desde siempre. La tragedia emblemática fue producto de dos fallas estructurales: la descomposición de una parte de la sociedad que genera personas capaces de matar a quien sea y como sea por algo de dinero, y la corrupción de una parte de las instituciones del Estado que usan el poder para dañar a quienes deberían proteger. A un año y medio de los hechos de Iguala y tras el segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentado el domingo pasado, parece que estamos como nunca, lejos de la verdad y cerca de la impunidad.

Si bien el informe del GIEI no llega a conclusiones sobre el paradero de los normalistas, sí devela las fallas y contradicciones de la investigación llevada a cabo por las autoridades, las cuales representan enormes obstáculos para acercarnos a la ubicación de los jóvenes y castigar a los responsables. Peor aún, el informe abunda en la presunta participación activa no sólo de policías locales en contra de los jóvenes, sino también de policías federales y en el conocimiento de los hechos y omisión de personal militar. Concluye que una escena del crimen fue modificada por funcionarios de la PGR, y que la tortura fue un método ampliamente utilizado para la obtención de declaraciones. Adicionalmente, el GIEI sostiene su conclusión sobre que los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula.

En síntesis, el informe representa una palada más de tierra sobre la ya de por sí socavada credibilidad de las instituciones de procuración de justicia y una raspada más a la imagen internacional de México en este campo. Tanto se ha dicho entre autoridades y el GIEI, y tanto se ha politizado la discusión pública en torno a la actuación de los expertos que es entendible que para el gobierno sea difícil que sus funcionarios admitan y adopten los elementos útiles de los informes de los expertos. De ahí la importancia del mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del GIEI que la CIDH ha decidido crear, el cual por cierto, ha recibido respaldo de cuatro relatores especiales de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. El Congreso, por supuesto, también deberá coadyuvar a la implementación de dichas recomendaciones por parte de las autoridades.

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La conclusión del mandato del GIEI en México con la entrega de su segundo informe representa el término de una etapa compleja en la relación del Estado mexicano con la CIDH y coincide con el cambio en la representación de México ante la OEA que recaerá ahora en la persona del embajador Luis Alfonso de Alba Góngora quien tendrá el reto de ayudar a reencauzar la relación de nuestro país con este organismo a fin de aprovechar al máximo nuestra membresía para beneficio de este asunto y varios más.

En palabras del vocero del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville: “El caso de Iguala muestra el papel crucial que la cooperación internacional puede jugar para ayudar a los Estados a combatir la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos”. Una de las lecciones del paso del GIEI por nuestro país —además del énfasis que hizo en la necesidad de seguir trabajando en el principal reto de nuestra democracia, la debilidad institucional— debe ser: no olvidar que sin asumir la infalibilidad de los organismos internacionales, hay que saber aprovecharlos a favor de los cambios internos que México necesita.


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