Las visiones reduccionistas sobre la estrategia global contra las drogas buscan centrar el debate en la legalización de la mariguana como respuesta necesaria y suficiente.
La evidencia demuestra que se equivocan, no sólo por la proliferación de problemas asociados al consumo creciente del resto de las drogas ilícitas —desde los severos daños a la salud que provocan hasta las devastadoras implicaciones en términos de violencia que originan— sino también porque el problema de las drogas debe abordarse desde una perspectiva integral y necesariamente internacional. De ahí la importancia del Informe Mundial sobre las Drogas 2015 presentado el viernes por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). Estos Informes anuales, publicados cada 26 de junio para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, se ocupan fundamentalmente de presentar un diagnóstico sobre las tendencias actuales en la producción, el tráfico y el consumo de los principales tipos de drogas ilícitas y hacen especial hincapié en las consecuencias para la salud de este consumo.
En términos generales, el informe apunta a que un total de 246 millones de personas, lo que supone una de cada 20 personas de edades comprendidas entre los 15 y los 64 años de edad y tres millones de personas más con respecto al año anterior, consumieron alguna de las drogas consideradas ilícitas en 2013.
Aun con los ajustes respectivos por el crecimiento de la población mundial, resulta evidente que el consumo de drogas ilícitas se ha incrementado a nivel global. También, que la magnitud del problema se hace cada vez más evidente si se considera que más de uno de cada diez consumidores de drogas (lo que equivale a alrededor de 27 millones de personas en el planeta) es un consumidor problemático que sufre graves trastornos ocasionados por su dependencia.
El informe subraya, también, lo inaceptable del número anual de muertes prematuras relacionadas con el consumo de drogas, la mitad de las cuales provienen del consumo de drogas inyectadas.
Hasta aquí los muchos méritos y la innegable calidad del documento. Las insuficiencias, sin embargo, no son menores. El informe debiera reflejar mejor aspectos socioeconómicos, de salud y de derechos humanos, y debiera vincular el fenómeno con la agenda de desarrollo posterior al 2015 que está por definirse. Además, el informe debería contemplar, también, las dimensiones de justicia y seguridad. Este informe es el último previo a la celebración, en abril del 2016, de la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS 2016). Como se ha dicho repetidamente en el seno de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, el problema de las drogas exige una respuesta concertada, bajo el principio de responsabilidad compartida, adoptada en foros multilaterales a través de un enfoque equilibrado, integral y multidisciplinario para articular simultáneamente estrategias de reducción de la oferta y la demanda.
Desde México necesitamos reflexionar y estimular un debate abierto, plural e incluyente para formular la posición que el país llevará a esta importante reunión internacional. En cualquier caso, tendría que incorporar distintos aspectos de las causas e implicaciones del consumo de drogas ilícitas promoviendo un enfoque de salud pública centrado en la prevención, en el respeto a los derechos humanos y a la no criminalización de los consumidores, sin desatender los problemas de crimen y violencia asociada al fenómeno de las drogas. Desde el Senado, estaremos promoviendo esta inaplazable discusión.
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