Por: Juan Antonio García Villa
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso, cada nueva legislatura federal debe aprobar la integración de sus comisiones legislativas ordinarias durante su primer mes de ejercicio (art. 43, numeral 1), en el caso, el mes de septiembre. Los medios de comunicación dieron cuenta de que con bastantes días de anticipación a la terminación de dicho mes, los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados habían llegado sin mayores complicaciones ni estridencias a un acuerdo, que dejó satisfechos a todos.
Lo más notable de ese arreglo fue el absurdo aumento en el número de comisiones dictaminadoras, que de 43 pasó a 51, para lo cual incluso se hizo necesario modificar la citada Ley Orgánica con el objeto de legalizar tal incremento. El otro dato relevante de tal acuerdo es la precariedad en cuanto a las comisiones a presidir por diputados de Acción Nacional, el grupo parlamentario con más diputados después del mayoritario de Morena.
De manera prácticamente unánime, los tratadistas consideran que las Comisiones legislativas no sólo son imprescindibles para el desarrollo de la función parlamentaria sino piezas clave para su eficaz desempeño. Hay numerosas citas de estudiosos del tema que al efecto es posible transcribir, pero considero innecesario hacerlo.
¿Qué son las Comisiones legislativas? Son grupos especializados de trabajo integrados por legisladores que estudian y analizan asuntos de una determinada materia, para el efecto de que opinen, informen o dictaminen sobre los mismos.
El emitir dictámenes, que es su función más importante, es para poner en estado de resolución las iniciativas de ley y las propuestas de la más diversa índole que les turna, para ese objeto, el Pleno de la asamblea de legisladores.
¿Cuántas Comisiones debe tener la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de nuestro país, compuesta por 500 miembros? Sólo las estrictamente necesarias.
Para poner el asunto en contexto, cabe señalar que el Bundestag alemán, formado por 662 legisladores, ordinariamente suele tener alrededor de veinte comisiones. La Asamblea Nacional de Francia, compuesta por 577 diputados, en la IV República tenía 19 comisiones y actualmente su número es menor. En EUA el Senado, formado por cien senadores, tiene 17 comisiones y la Cámara de Representantes, integrada por 435 miembros, cuenta con sólo 22 comisiones. Y así por el estilo en otros países avanzados. ¿Cuál es la razón de que en nuestro país ahora sean nada menos que 51?
En México por razones meramente de orden político se registra una irrefrenable tendencia a crear comisiones legislativas en exceso. A pesar de que la Ley Orgánica del Congreso (art. 39) dispone que las comisiones legislativas se corresponden con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, cuyo número no llega a 20, sin embargo, suele haber alrededor de medio centenar o más de comisiones, como en esta ocasión, que serán 51. Si se trata de aumentar su número, simplemente se modifica la ley, y ya. El caso extremo se presentó en la XLVI Legislatura (1964-1967) que contó con 78 comisiones. ¡Increíble!
La lucha entre diputados federales y senadores, aun del mismo partido, por participar en determinadas Comisiones y sobre todo por presidirlas, es feroz. En alguna ocasión cierto coordinador parlamentario, que no hallaba cómo calmar a sus huestes, les comentó que él entendía que todos quisieran presidir alguna comisión por el status que confería. Al instante uno desde el fondo del salón gritó que no era tanto por el status sino por el Estratus. Es decir, por el automóvil que a cada presidente de Comisión se le otorgaba (de la marca mencionada en el año de la anécdota), pues bien se sabe que tal vez con excepción de unas 8-10 comisiones, todas las demás carecen de importancia, la mayoría prácticamente son de relleno, de manera que pertenecer a ellas es frustrante porque para nada son tomadas en cuenta y de hecho casi nunca se reúnen a sesionar.
Al grupo parlamentario de Acción Nacional en la actual legislatura, integrado por 114 diputados, por mucho el grupo más numeroso de la oposición, correspondieron trece presidencias de comisión. Ni una sola de las verdaderamente importantes. Sólo dos o tres de medio pelo, como considero son las de Justicia, Defensa Nacional y tal vez la de Comunicaciones y Transportes. Pero ninguna de las relevantes que le debieron corresponder en razón de que se trata del grupo que ostenta la primera minoría en la Cámara, o para efectos de arribar a equilibrios políticos en materia de ingreso-gasto, por ejemplo, o bien para dar continuidad a una práctica parlamentaria implantada hace un cuarto de siglo y que ha resultado positiva, muy saludable en materia de fiscalización superior. Por estas razones, de las comisiones relevantes debieron haber quedado presididas por panistas cuando menos la de Hacienda y la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. ¿A qué obedece ese ninguneo?
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