Las 10 propuestas del Presidente: que lo resuelva el Congreso

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El Presidente de la República ha pronunciado en los últimos días dos mensajes para intentar acallar el descontento nacional hacia su gobierno. En ambos, no ha logrado su propósito porque hay actitudes que la sociedad rechaza: la falta de autocrítica y la ausencia de congruencia.

Cuando un país vive una crisis institucional como la que está sufriendo México, la única forma de enderezar el rumbo, es reconocer los propios errores, es asumir la parte de responsabilidad en los hechos. Cuando no hay autocrítica y sólo se traslada tanto la culpa como la solución a los demás, es imposible dar una respuesta acertada, porque el diagnóstico del cual parte es erróneo. Cuando no hay congruencia es difícil generar credibilidad y movilizar a la sociedad hacia un proyecto compartido.

Lo positivo de estos discursos es que después de dos años de gobierno, el Presidente por fin entendió que el desarrollo no puede sustentarse sólo en política económica —la cual, por cierto, tampoco va bien—, sino que es inviable sin Estado de derecho, y que los problemas de inseguridad y corrupción no se resuelven sólo por dejar de hablar de ellos. Sin embargo, la situación es tan grave que requiere una intervención inmediata, lo cual no harán las propuestas que el Presidente ha hecho, al menos no las que requieren la intervención del Congreso. En cambio, no vimos en el mensaje un reconocimiento a los errores y omisiones que le corresponden a su gobierno ni en las propuestas todas las acciones que desde el Ejecutivio podrían emprenderse para empezar a dar soluciones en el corto plazo. De las diez propuestas del Ejecutivo nueve implican reformas legales, trasladando la expectativa de solución al Congreso.

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Claro que siempre se pueden mejorar y actualizar las leyes, pero son letra muerta si no se implementan y ése es el déficit de este gobierno. En ese sentido claro que es importante revisar la regulación sobre las policías, pero más aún que el Poder Ejecutivo asuma de una vez por todas su deber de combatir a los criminales. Sí es necesario un número de emergencia, pero es más importante que quien acuda al llamado sea una policía confiable y bien preparada. Es urgente combatir la infiltración del crimen organizado en los gobiernos locales, pero también es indispensable fortalecer con recursos y capacitación al municipio. Es necesario atacar los efectos de la inseguridad, pero también desactivar sus causas como el dinero ilícito en las campañas electorales. Es urgente aprobar la reforma anticorrupción, pero más aún que las contralorías dejen de ser tapaderas de las pillerías de sus colegas y jefes.

Efectivamente, en el ámbito Ejecutivo, el Presidente no es el único obligado a garantizar paz y seguridad, sino también los gobernantes de estados y municipios quienes en su mayoría están claramente rebasados por el problema. Por ejemplo, en el gobierno estatal de Enrique Peña la incidencia delictiva en el Estado de México se incrementó 22%, el robo de autos se duplicó, el secuestro se quintuplicó y la entidad se ubicó como la número uno del país en feminicidios.

En la gestión del propio Presidente como gobernador, sólo se evaluó a 5.9% de los policías y se capacitó a 10%. Esa falta de eficacia desde el ámbito local, sin lugar a dudas, hace más complejas las soluciones a nivel nacional.

El tiempo para este gobierno se agota y sus excusas también, porque el Congreso, sin protagonismos ni mezquindades, le ha dado todo lo que ha requerido, y lo seguiremos haciendo si es para el bien de México. Desde el Senado de la República, los legisladores de Acción Nacional actuaremos con responsabilidad y estaremos dispuestos a apoyar las medidas que ayuden a recobrar la seguridad de las familias mexicanas. Pero exigimos coherencia y no doble discurso.

El Estado de derecho comenzará a imponerse cuando veamos que los amigos del Presidente no son los recurrentes ganadores de las licitaciones; cuando constatemos que los programas sociales no son utilizados para fines electorales; cuando veamos a todos los servidores públicos del gabinete hacer pública su declaración patrimonial completa; cuando nos demuestren que no hay conflicto de interés en lo relativo a la Casa Blanca que la empresa favorita de los gobiernos del Presidente construyó para su esposa y su familia en vez de dar carpetazo para eludir la explicación que todo México espera. Cuando veamos acciones, y no sólo discursos, comenzaremos a creer que las propuestas del Presidente son de fondo y van en serio.


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