La última batalla de Morena, por ahora…

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La última batalla de Morena en la Legislatura que está a diez días de concluir fue por aprobar la ley para regular la revocación de mandato del Presidente de la República. Una ley que regula los procedimientos para llevar a cabo la consulta sobre si el Presidente debe continuar en el cargo durante el segundo trienio de su mandato. Someterse a una evaluación ciudadana a mitad de sexenio fue una promesa de Andrés Manuel López Obrador incorporada en la Constitución en diciembre de 2019, que el propio Legislativo se obligó a desarrollar en una ley reglamentaria, a más tardar, en junio de 2020, lo cual no sucedió.

Las Cámaras del Congreso están en receso desde mayo de este año y hasta el 31 de agosto próximo, cuando entrará en funciones la nueva Legislatura y comenzará el periodo ordinario de sesiones. Morena tuvo seis meses de sesiones ordinarias y tres de receso para promover la Ley Federal de Revocación de Mandato, pero no lo hizo hasta que el presidente López Obrador los urgió desde Palacio Nacional, y entonces, al cuarto para la hora, promovieron la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones del Senado y de la Cámara de Diputados para cumplir con el deseo presidencial, pero no lograron la votación requerida para ello.

Muchos se han preguntado, ¿por qué apresurar una ley que podrán aprobar a partir de septiembre, cuando se reanuden las sesiones, si Morena y sus aliados contarán con los votos suficientes?, y ¿por qué la oposición se negó a apoyar la convocatoria al periodo extraordinario para aprobarla justo al término de la actual Legislatura?

Los legisladores de Morena han dicho que la urgencia se debe a los plazos de cada etapa que la propia Constitución establece para la convocatoria, organización y celebración de la consulta a principios de marzo de 2021. Sin embargo, si la ley se aprueba en septiembre, se contaría con el tiempo suficiente, y si no se aprueba, el INE como responsable de la organización de la consulta puede emitir lineamientos para el desarrollo del proceso igual que ha hecho con otros asuntos como el cumplimiento de la paridad de género en candidaturas a gubernaturas.

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La oposición, por su parte, ha estado en contra de la revocación de mandato desde el inicio por considerar que el Presidente y otros funcionarios son electos para un plazo que no debería ser alterado por una consulta ciudadana que podría atender a fines políticos y generar desestabilidad. Además, la pregunta propuesta por Morena que, en caso de aprobarse, los ciudadanos deberán responder cuestiona si el Presidente debe permanecer en el cargo, y no que lo deje. Lo anterior, que podría parecer un asunto de semántica sin importancia, no lo es porque trastoca el significado mismo de la revocación.

Ciertamente, este debate implica una reflexión sobre la ampliación de la participación ciudadana en asuntos públicos más allá de la elección de sus representantes cada tres y seis años, lo cual es positivo, pero igual que la consulta popular, este tipo de ejercicios deben servir para definir asuntos verdaderamente relevantes para la gente y no convertirse en instrumentos políticos de algún actor o partido costando miles de millones de pesos al erario, que en momentos de crisis como éste bien podrían ser mejor utilizados.

Se entiende que una mayoría legislativa siempre acompañará a su gobierno, pero una cosa es respaldar y otra someterse y pretender someter a un Poder del Estado a los deseos de otro. La discusión sobre revocación de mandato volverá muy pronto, pero la nueva conformación de la LXV legislatura en San Lázaro representa una oportunidad para que el diálogo y la construcción de acuerdos incluyentes de la visión de todos regrese a los pasillos del Congreso mexicano.


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