El Estado mexicano ha abandonado a sus jóvenes. Nuestro arreglo social ha sido incapaz de tejer una red de protección que remedie su suerte y les procure oportunidades. Ha olvidado la intervención solidaria que se ocupa del dolor de la circunstancia propia, que atempera la injusticia de la desventura inicial, que se encarga de suplir las carencias heredadas. Ese pequeño empujón que da sentido a la vida en sociedad. El impulso de otros para que cada uno pueda, por sus propios medios, salir adelante.
En ese fracaso radica buena parte de las causas de la ruptura de nuestro tejido social. Un joven mexicano no puede trazar con esperanza el curso de su vida. Se enfrenta a la realidad y a la complejidad de nuestro tiempo con muy pocas armas. Esta nación simplemente no puede asegurar a un niño que alcanzará tal o cual destino. No puede garantizar que su futuro quedará liberado de la fatalidad de su pasado o de las dificultades de su presente.
Si el contrato social es el acuerdo de voluntad por la mutua protección, el nuestro no puede asegurar que la niña del sur rural tendrá la misma oportunidad de vivir que la nacida en el centro urbano o el norte industrial. Somos una sociedad en la que el punto de partida determina los resultados, porque carecemos de trampolines igualitarios que rompan esa causalidad. Somos una sociedad sin instituciones y dinámicas de cooperación para cambiar los designios de la lotería natural. Una sociedad que no gobierna sobre el azar.
Nuestros jóvenes nutren las filas del crimen organizado por la tentación del dinero fácil, por el desprecio a la vida que provoca la desesperanza, por el abandono crónico de sus semejantes. Han crecido sin la presencia del Estado. Esa presencia que no significa miedo, sino auxilio, apoyo, solidaridad. Las imágenes de las declaraciones ministeriales de los partícipes de Ayotzinapa es el siniestro relato de la muerte de la cohesión social. La narración de la crueldad como crónica de un pasatiempo. La pérdida de toda constricción o duda moral. La ausencia de una alternativa de vida. La predestinación del vulnerable.
En el otro extremo, crece entre nuestros jóvenes el desafecto por la política, el rechazo a las instituciones de la pluralidad, la confianza en el orden democrático. Y tienen razón. La política es un territorio lejano, inaccesible, inhóspito. La ampliación de las libertades y los cauces de participación que se han abierto con la democratización del país, no les han servido para poner en el centro de la deliberación y decisión públicas los problemas de su tiempo y su circunstancia. El Estado no existe en su realidad cotidiana, sino en la forma de policías y de burocracia. La sociedad no significa más que su entorno familiar o afectivo inmediato. La ciudad, la comunidad, no es para ellos espacio de mediación entre necesidades, de formación de reflejos cooperativos y habilidades cívicas. Es la selva en la que prueban sus instintos de sobrevivencia. La escuela es mera rutina mecánica ineficaz para alterar el devenir de las cosas. Es, para buena parte de nuestros jóvenes, otra dosis de desatención y violencia. Los desdoblamientos de lo social como cruel extensión del abandono.
En esa realidad se siembran el resentimiento, el enojo, la frustración. En nuestro bono demográfico se fecundan lentamente los problemas del mañana. Los problemas de sostenibilidad del sistema económico pero, también, los de la gobernabilidad. La nación debe movilizar todos sus recursos para cambiar el destino de sus hijos. Se requiere un nuevo contrato social para reconciliar al Estado, a la sociedad, con las nuevas generaciones. Un plan audaz de intervención social para crear empleos, educación, acceso a la salud y vivienda, pero no bajo las inercias asistencialistas de los programas sociales actuales, sino bajo la lógica multiplicadora de modelos participativos y de economía mixta. Una suma de acciones que, por ejemplo, fomenten la creación de organizaciones no lucrativas de jóvenes y para jóvenes encargadas de prestar servicios educativos y culturales, servicios medioambientales, servicios urbanos, de defensa y promoción de los derechos humanos, de capacitación para el trabajo, entre otros, pagados directamente desde fondos federales, de manera que éstas se conviertan en espacios para vigorizar el tejido social y, al mismo tiempo, en una fuente de financiamiento para estados y municipios; incentivos fiscales y fondos para organizaciones no lucrativas que realicen proyectos productivos para jóvenes; transferencias monetarias 2 a 1 a las preparatorias y universidades que contraten a estudiantes por tiempo parcial; reanimar el mercado de oficios profesionales para incentivar la educación técnica; alentar esquemas de economía colaborativa como solución de ingreso y empleo para estudiantes; un nuevo sistema de justicia para adolescentes que aliente el servicio comunitario como alternativa a la reclusión, etcétera.
La reconstrucción de nuestra convivencia exige renovar la esperanza de los jóvenes. Rehacer los términos de su relación con el Estado y con la sociedad. Reconocer que los hemos abandonado a su suerte. Someter el azar a los principios de la justicia social.
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