Sin valores esenciales para la convivencia social, a nadie debiera resultarle sorpresiva ni sorprendente la felonía de los criminales de Iguala y otras partes.
La marginación, las injusticias y la degradación educativa, así como la infiltración de delincuentes en la vida pública y en órganos de gobierno, han hecho del país zona de conquista para los violentos; por eso las instituciones no garantizan, poco sirven y a veces dañan.
Los principios éticos que antaño daban estructura a los mexicanos —ricos y pobres— los hacía más humanos, más solidarios; era posible la convivencia aun entre criminales; hasta éstos tenían un “código de honor” que hacía intocables y sagradas a las familias de los rivales.
Ahora, en muchas zonas del país algunos de los pacíficos huyen de la barbarie, y otros se resignan a vivir bajo la amenaza y el castigo de bribones; éstos, por su parte, a sangre y fuego eliminan enemigos, despojan a pueblos enteros, mancillan mujeres, plagian a ricos, pobres y migrantes que viajan en La Bestia, cobran impuestos, y con el monopolio de la fuerza, arrebatada al Estado, torturan y matan a placer. Los vándalos son la expresión callejera de esa misma canalla.
Ayotzinapa es sangre que derramó un río de sangre. Para las familias de los normalistas la tragedia de Iguala las iguala a otras familias. ¿En qué difiere ese duelo al dejado por miles de desapariciones y asesinatos? Si en Guerrero fueron 46, en San Fernando más de 70; que ahora los verdugos son policías, en otros casos también; hoy se habla de jóvenes, y la mayoría de los ejecutados por bandas delincuenciales han sido jóvenes. ¿Y el dolor de la familia del federal ahogado cuando en un río buscaba a los estudiantes? ¿Y la indignación y llanto de los deudos del policía asesinado la semana pasada en Acapulco a manos de cobardes montoneros que “protestaban” por la desaparición de normalistas?
Ante esa realidad de nada vale decir que “somos más los buenos que los malos”. Mientras seamos indiferentes ante lo podrido e infiltrado de las estructuras, públicas y privadas, seguiremos repitiendo: “Llegaron los sarracenos/ y nos molieron a palos/ pues Dios ayuda a los malos/ cuando son falsos los buenos”.
Algunos insisten en que Ayotzinapa es un “crimen de Estado”. El que policías mataran a unos estudiantes y a otros los entregaran a sicarios no alcanza, jurídica ni políticamente, para tal calificación, pero eso finalmente resulta irrelevante, pues el verdadero crimen de Estado en México es la renuncia tácita, pero pública, cotidiana y eficaz, al uso legítimo de la fuerza contra los violentos y el incumplir con su principalísimo deber de proteger la vida y demás bienes de la población; ese es el crimen de Estado que agobia y humilla a la nación bajo la mirada del mundo. Esa verdad duele, impide el desarrollo y avergüenza. El nuevo ombudsman debe velar también por los derechos humanos de los que no son delincuentes.
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