Por: Alejandro Díaz
Si bien vivimos -teóricamente- en un régimen presidencial representativo y no en uno parlamentario, la responsabilidad política existe y debe ser exigida. Si en los regímenes parlamentarios esta exigencia hace caer a legisladores, ministros, funcionarios no electos y gobiernos enteros, en el nuestro apenas tiene vigencia. La defenestración de Eréndira Sandoval como Secretaria de la Función Pública no cae en ese supuesto a pesar de haber realizado un trabajo muy por debajo de cualquier estándar.
La actuación de la Secretaria fue ampliamente criticada en los medios pero nunca acusada de delitos que la hubieran obligado a renunciar. Fue curiosamente su celo por promover al hermano como candidato del partido oficial al gobierno de Guerrero lo que propició su caída. Utilizó todos los caminos posibles, incluso los rumores -unos reales, otros creados- sobre el comportamiento sexual del candidato preferido por el inquilino de Palacio. Así, sin quererlo, pisó un callo que hubiera deseado no tocar y permitió su defenestración.
Pero otros funcionarios del mismo gobierno cometen errores aún más graves y se mantienen como si nunca hubieran cometido falta alguna. De las casas de Bartlett a la incapacidad manifiesta de Alfonso Durazo en Seguridad, como si nunca hubieran sabido que la eficiencia es importante. Desde Palacio cada mañana nos cuentan una historia para ser creída por todos sus fieles. A pesar de no cumplir su encargo -y el caso más evidente es la dirección de PEMEX- ninguno de ellos considera renunciar por responsabilidad política. A propósito nos llevan a relatos orwellianos de “Granja Animal” y “1984” donde se confunden las mentiras con la verdad a conveniencia de quien detenta el poder.
Como en ningún gobierno anterior nuestro, incluso de toda Latinoamérica, la eficiencia y la eficacia no son importantes. No importa que se pierda una enorme cantidad de recursos públicos siempre y cuando se mantenga la lealtad. Pocos renuncian por dignidad y a nadie se le pide su renuncia por incapacidad -como lo demuestran la dirección del INSABI o de la CFE- sino por el contrario se le dan recursos adicionales. Pareciera que este gobierno combate la corrupción arrojando dinero a pozos sin fondo.
Muchos funcionarios públicos, especialmente miembros del gabinete presidencial, gozan de su posición y de sus prebendas cuidando su puesto con hábiles encargados de relaciones, con un presupuesto para generar apoyos en la opinión pública. No les importa mejorar la operación ni disminuir el desperdicio de recursos.
Sin una administración eficiente y que prefiera la capacidad sobre la lealtad, este gobierno está condenado al fracaso por falta de recursos. La falta de interés del gobierno en promover la economía nacional inhibió la inversión y el consumo. Quizá la pandemia contribuyó adicionalmente a reducir los ingresos aún más, lo que llevó a un presupuesto 2021 menor al de 2020. Con desperdicios absurdos el camino cuesta abajo está claro. Los presupuestos seguirán reduciéndose mientras los desperdicios sigan aumentando hasta generar una parálisis en amplios sectores del gobierno.
La solución reside en aumentar la eficiencia y la eficacia gubernamental al tiempo de reducir los desperdicios a fondo perdido (léase PEMEX, CFE o INSABI) más que en aumentar impuestos. Sí debe incrementarse el número de causantes y garantizar que todos paguemos de acuerdo a los ingresos percibidos. Sólo intentar ordeñar a los grandes causantes cautivos puede resultar contraproducente si no hay un compromiso claro de reducir gastos gubernamentales absurdos.
El flamante Secretario de Hacienda tiene ante sí un reto mayúsculo. Si no endereza las finanzas gubernamentales va a tener que pensar en aceptar su responsabilidad política y renunciar en muy poco tiempo.
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