El año pasado Andrés Manuel López Obrador utilizó para promoción de su imagen más de un millón de spots. Esos no los tiene ni Obama. Por eso antes del 2018 hay que venderlos.
Lo anterior bien podría ser un spot para promover una ley que facilite el acceso a la propaganda, que no tenga ese tufo dictatorial sobre el control de lo que se quiere decir, que haga más sencillas las reglas para que sean más comprensibles, y que favorezca ante todo la libertad de expresión.
Ya he comentado en este espacio que nuestro modelo de comunicación política es un contrasentido. Mientras más nos acercamos a los procesos electorales, más se ve la calamidad que es esa ley para quien quiere expresarse con libertad. Ciertamente hay consejeros electorales o magistrados que se exceden en la interpretación de la ley, pero es una ley que ellos no hicieron y que les toca aplicar. Es entonces cuando el criterio personal o la falta de éste genera acciones de corte persecutorio.
En días recientes hemos podido ver cómo ese modelo ya no sirve más que para generar problemas. El INE la emprendió contra Joaquín López-Dóriga, Javier Alatorre y otros periodistas porque hablaron mal del instituto. La cosa no pasó a mayores, pero el puro efecto de amedrentar la libertad de periodistas es francamente absurdo.
El otro incidente tiene que ver precisamente con AMLO. Le bajaron un spot porque mencionaba el 2018. Es una verdadera estupidez. Más de 80 por ciento de los mexicanos sabe desde tiempos inmemoriales que El Peje quiere ser presidente. Solo el papado de Juan Pablo II y Matusalén han durado más que las aspiraciones de López Obrador. ¿Tiene sentido impedir a él o cualquiera con intenciones coartarle la libertad? Claro que no. Si quiere decir una estupidez o 27 en un spot, que la diga, de esa manera el votante tendrá más elementos para juzgar a los candidatos. Decir que Obama no tiene un avión como el de Peña es verdad: tiene un mínimo de dos y están mucho mejores que el de Peña. Pero AMLO accede a esos spots porque nuestra ley se los regala y tiene tantos que ni siquiera le importa mentir. Hace otro diciendo lo contrario.
En aras de cuidar la limpieza electoral, hemos llegado a límites que más allá de ser ridículos son francamente retardatarios. Nuestra democracia está sobrerregulada. Son tantas las reglas, las trabas y los límites que se han convertido en un gran negocio para unos cuantos. Quizá sea el momento de revisar ese modelo de comunicación. Es una ley vieja para tiempos nuevos. Debe ayudar a candidatos a promoverse con eficacia, a la autoridad para que pueda actuar con facilidad y a auditar de manera expedita las campañas, y sobre todo a los ciudadanos a decidir. Eso solo se logra apostando por la libertad y no por reglamentar hasta las palabras.
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