De seguir por la misma ruta difícilmente obtendremos resultados distintos.
Mientras la atención de la opinión pública aún se centraba en la fuga de El Chapo, la acertada desaparición del IEEPO o en la decepcionante actuación de la selección nacional, hace una semana el CONEVAL dio a conocer la Medición de la Pobreza en México 2014 que amerita una amplia deliberación, particularmente ante la próxima discusión del presupuesto de egresos y la revisión que supuestamente se está haciendo de los programas del gobierno federal.
Los resultados del informe son de gran importancia pues permiten identificar el impacto real que han tenido la política económica y social en estos dos años de gestión del presidente Peña Nieto, pero hay que analizarlos en su conjunto ya que de lo contrario se corre el riesgo de ver el vaso “medio lleno” como pretenden la Secretaria de Desarrollo Social de Rosario Robles y el Titular de Hacienda.
Es cierto que de 2012 a 2014 la población en pobreza extrema (con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo que es de 1,242.62 pesos en el medio urbano y 3 o más carencias sociales) disminuyó en 100 mil al pasar de 11.5 a 11.4 millones de personas, pero también lo es que la población en pobreza (con al menos una carencia social y un ingreso menor a la línea de bienestar que es de 2,542.13 pesos) aumentó en 2 millones, lo que desde ninguna perspectiva puede considerarse una buena noticia.
Otro dato a destacar es que mejoró el acceso a los servicios de salud, a la seguridad social y en menor medida a vivienda y educación, pero en contraste creció el número de personas con carencias alimentarias en cerca de dos millones y medio, así como la población vulnerable por ingreso que pasó de 7.2 a 8.5 millones de personas.
En este punto, vale la pena mencionar que el ingreso de los mexicanos ha permanecido estancado desde hace 22 años, lo que probablemente explique -aunque sea en parte- la situación prevaleciente que básicamente se ha buscado atender con transferencias de recursos, siendo a todas luces insuficiente y más cuando se aplican a partir de criterios clientelares y electoreros.
De hecho el presidente tuvo que matizar el discurso auto complaciente y festivo de sus colaboradores, y reconocer que la política social del gobierno no basta para revertir los niveles de pobreza sino que se requiere incrementar el dinamismo de la economía.
Sin embargo, el problema radica precisamente en que la política económica actual no contribuye a ello y por el contrario, en muchas ocasiones se convierte en un dique al inhibir la inversión y desalentar el consumo, como ocurrió con la última reforma fiscal que únicamente fue recaudatoria y castigó sobre todo a las clases medias. Tampoco podemos ignorar el costo de la corrupción, que de acuerdo al Consejo Coordinador Empresarial es de 1.5 billones de pesos equivalente el 10% del PIB.
Otro motivo de preocupación estriba en que el gobierno federal insiste en apostar todo a las llamadas reformas estructurales, cuando ha quedado demostrado que sus efectos pueden ser limitados como ha sido el caso de las licitaciones de la Ronda Uno.
Queda claro que, como lo muestra el valioso trabajo que con gran rigor, profesionalismo e independencia realizó el CONEVAL, de seguir por la misma ruta difícilmente obtendremos resultados distintos. Es momento de hacer un alto en el camino para revisar y reconducir los esfuerzos, no podemos consentir que la pobreza y la desigualdad (el estudio de Oxfam es muy elocuente) sigan siendo parte de nuestro panorama cotidiano ante la indiferencia -y no pocas veces el lucro- de las elites políticas y económicas del país, así como de la misma sociedad.
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