Por Alejandro Díaz
Durante gran parte de la historia humana los gobiernos autocráticos gastaban los recursos a su disposición sin dar cuenta a nadie. El soberano, el señor feudal y el jefe de la tribu fueron incuestionables largo tiempo hasta que los sometieron, así fuera temporalmente . Son ejemplo de ello la exigencia de los barones ingleses al rey Juan sin Tierra en 1215 para establecer la Carta Magna que creó al Parlamento que hasta la fecha rige a Gran Bretaña. También la creación de la federación de los cantones de Schwitz, Uri y Unterwalden en 1291 para defender sus derechos frente al emperador del Sacro Imperio.
Dos ejemplos antiquísimos que se replicaron con variantes en los siglos posteriores: la declaración de independencia de Estados Unidos y la del resto de los países latinoamericanos, así como la declaración de los Derechos Humanos durante la Revolución Francesa, También cuando se fundaron repúblicas en Europa al término de la Primera Guerra Mundial y en África al terminar la era del colonialismo.
En nuestro caso existe el antecedente del abogado Francisco Primo de Verdad, regidor del ayuntamiento de México que en 1808 propuso el primer esbozo de independencia. Después de ésta se siguieron dando ejemplos de búsqueda de control a los excesos de la autoridad como el establecimiento del juicio de amparo que se ha convertido en la mejor defensa del ciudadano frente a los abusos de autoridad.
Los gobiernos revolucionarios desdeñaron inicialmente las criticas a la forma de gastar que acostumbraban como si siguieran controlando solo a sus tropas. Con el tiempo y la promulgación de la constitución que aún nos rige, poco a poco dejaron las formas rupestres y se pulieron en procedimientos y controles.
No perdamos de vista que la función más importante de un legislador, además de hacer leyes, es controlar los gastos de todos los Poderes, tanto en el destino de los recursos como su correcta aplicación. Para ello cuentan con la Auditoría Superior de la Federación, ente técnico que revisa todo gasto y su pertinencia, aunque haya quien crea que sus datos son mejores aunque no estén sustentados más que en su capricho.
Cualquier gasto de las entidades debe estar previsto en el Presupuesto de Egresos elaborado por la Cámara de Diputados y cualquier desviación debe ser reportada a la Comisión de Vigilancia para que se discuta su procedencia y sopesar si hay lugar a determinaciones de responsabilidad civil o penal para quienes se hayan excedido en sus funciones. Una disposición que lejos de ser un estorbo, busca que los recursos públicos se utilicen de la mejor manera para los propósitos anunciados.
Intentar que nadie pueda indagar en distintas obras -no sólo periodistas, ONG o terceros afectados-, sino ni la instancia más elevada de supervisión ni la representación nacional algo está mal. Ninguna autoridad puede bajo ninguna circunstancia saltarse la Constitución General de la República mediante ley alguna, menos mediante un decreto que limita al resto de las instancias a cumplir su objetivo.
Pudiera ser que el interés fuera solamente agilizar trámites y evitar atrasos. Pero abre la puerta a todo tipo de arbitrariedades como incumplir normas ecológicas y derechos de terceros. Más aún, permite abusos por parte de cualquier funcionario sin que haya posibilidad de recurso ni de fincarle responsabilidades en caso de desvíos.
Desde hace años se ha construido un cuidadoso sistema de pesos y contrapesos, de registros de gastos y de quien autoriza al tiempo que se han creado instancias para cuidar la ecología, la seguridad y los derechos de terceros, incluidos los pueblos originarios. Borrar todo eso con un decreto es por lo menos patético.
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