En un insólito descaro parlamentario, el PRIANISMO con Rubén Moreira a la cabeza, ha solicitado cancelar el pago de más de 50 mil millones de pesos generado anualmente por los intereses del FOBAPROA; deuda de los banqueros por 500 mil millones de pesos convertida en deuda pública, en 1998, durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Ahora y en un superlativo cinismo, el ex gobernador de Coahuila pide destinar esos recursos a salud, educación y carreteras.
El oportunismo político del diputado es más que obvio y diríamos, un poco tardío, porque no puede concebirse que 26 años después del atraco cometido con los votos de los legisladores federales del PAN y del PRI al pueblo de México, ahora se percaten los quebrados y alicaídos socios neoliberales, que la izquierda y sindicatos independientes como el SME siempre tuvieron la razón de oponerse a medida que como apuntamos en nuestra anterior entrega, se ha convertido en una deuda eterna e impagable, que ha cancelado el desarrollo del país y el beneficio social a generaciones enteras de mexicanos.
De los 500 mil millones de pesos iniciales del salvavidas bancario, se han pagado a la fecha 724 mil millones de pesos de intereses y todavía nos resta por liquidar ¡un billón 200 mil millones de pesos¡
Si concediéramos el beneficio de la duda a los prianistas, es menester convocarlos a impulsar foros de análisis parlamentario para sumarse a la concreción de las propuestas que desde el 2020, viene planteando la Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública (PSPDP), con el fin principal de frenar y renegociar la multimillonaria sangría que los bancos extranjeros controlados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, han hecho al país con el apoyo de los gobiernos neoliberales.
Es momento de por el bien de la nación, el bienestar de las familias mexicanas y de las futuras generaciones, todos los partidos busquen que la economía neoliberal se desprivatice, alentando un nuevo modelo económico donde predomine el sector público y el sector social de la economía por encima de los intereses voraces del capital privado.
Deudas como el FOBAPROA representan un enorme costo financiero a las finanzas públicas, desangrando por décadas al presupuesto e impidiendo un justo crecimiento social y económico del país en su conjunto.
Es importante que todos los sectores sociales del país se informen y tomen conciencia del enorme lastre que representa la deuda del sector público que, como ya apuntamos, no ha sido responsabilidad del pueblo sino de los políticos sumisos y entregados a los lineamientos de los consorcios financieros internacionales. Para dar un ejemplo de esto señalemos que en el sexenio que terminó en octubre, el costo de los programas sociales prioritarios fue de 2,7 billones de pesos, en tanto el pago de los intereses de la deuda absorbió 5 billones de pesos.
Imposible no descalificar a aquellos políticos que en su momento se cruzaron de brazos y permitieron quebrantos de tales dimensiones a las finanzas públicas, impidiendo el bienestar de la población en general al desviar los recursos que bien pudieron invertirse en infraestructura médica, educación, vivienda y otros rubros, hacia los bolsillos de la voraz banca internacional.
Muy pronto sabremos si su cambio de actitud es verdadera o simple oportunismo político, tan propio de su naturaleza camaleónica.
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